El nuevo decreto que regula el procedimiento para reconocer el grado de dependencia y el acceso a servicios y prestaciones económicas prevé ampliar la red de valoradores de los 17 a 400 profesionales en él ámbito de los servicios municipales, a los que además se sumarán residencias públicas, hospitales de media y larga estancia, unidades de salud mental y las prisiones. Para ello, la Generalitat destinará una partida de 52,1 millones de euros en 2017, un 62,17 % más que este año.
Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la rueda de prensa que ofreció junto a la secretaria autonómica del ramo, Sandra Casas, para presentar los detalles de este texto que, según destacó, «unifica» toda la «normativa infralegal y dispersa» que había hasta la fecha y pone fin al «caos absoluto» que regía la atención a la Dependencia.
El objetivo, afirmó, es «acabar con la indefinición, la limitación de derechos y la burocratización» que alarga los tiempos, ya que cuando llegaron al Consell, recordó Oltra, había 45.000 personas en lista de espera, y aunque desde julio de 2015 se han incorporado 19.447 nuevos beneficiarios al sistema, todavía quedan 31.524 pendientes de ser atendidos por Dependencia.
Oltra declaró que en este tiempo «han aumentado las solicitudes, motivados por la buena gestión» que se está haciendo. Actualmente son 52.566 las personas atendidas a través de un servicio o prestación económica.
Plazos de pago
Cabe destacar que la nómina de dependencia abonada por la conselleria correspondiente al mes de noviembre está «al día» y asciende a 26,3 millones de euros, frente a la última nómina abonada por el anterior Ejecutivo en mayo de 2015 y correspondiente al mes de marzo, que ascendía a 10,4 millones, lo que supone un incremento de más del 150 %. Desde enero de este año, la nómina de dependencia se cobra en los cinco primeros días hábiles del mes.
