El futuro de Sandra Casas es ahora una incógnita. La letrada que dejó su trabajo al frente de la plataforma de la dependencia para ocupar la secretaria autonómica de Servicios Sociales no podrá volver a su antigua plaza, al menos durante los próximos tres años. Así lo determina la ley de incompatibilidades que -precisamente- Compromís promovió en las Corts y que se aprobó el pasado mes de octubre.
La vicepresidenta del Consell indicó ayer que se tendrá que «estudiar los detalles y los vasos comunicantes» para determinar en qué medida Casas podrá volver a trabajar en la materia en la que es especialista.
La colisión con el trabajo anterior
La portavoz del gobierno reiteró que la salida de Casas estaba hablada desde hacía dos meses y que «todas las entidades con las que trabaja lo sabían». «El PP lo que intenta hacer es un teatrillo y llevarse el mérito del cese de Casas», añadió en referencia a las acusaciones sobre posibles incompatibilidades, publicadas por El Mundo.
Unas supuestas incompatibilidades basadas en que cuando Casas era la abogada de la plataforma de dependencia habría tramitado distintos expedientes que llegaron a la conselleria cuando ella misma ya era secretaria autonómica, según denuncia el PP.
Se trata pues de una doble incompatibilidad, una primera referente al salto de la plataforma a la secretaría autonómica que en opinión del PP la ha obligado a salir, y una segunda que, por la ley actual, le impide trabajar en lo suyo durante los próximos tres años. Una norma que endurece las puertas giratorias pero que «ahuyenta» el talento, denunció C's en su día.
