En las diputaciones de Castelló y Alicante el planteamiento dista mucho de ser el abolicionista, principalmente, porque gobierna el PP. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana defiende la figura de las corporaciones, y así lo demuestra en las dos provincias que gestiona. De hecho, en la de Alicante, se ha convertido en caballo de batalla de los populares frente al Consell liderado por Ximo Puig y Mónica Oltra, el último baluarte a defender y desde el que emprender la «reconquista» del Palau de la Generalitat.
De ninguna de las maneras quiere escuchar César Sánchez hablar de la eliminación de la diputación que dirige. De hecho, el eslogan es «el gobierno provincial», reforzando así la idea del poder ejecutivo autóctono frente al autonómico. Una de las batallas recientes ha sido la relacionada con el Fondo de Cooperación Municipal, al que Sánchez le ha puesto todos los obstáculos posibles. Compromís se mantiene en la misma línea que en Valencia, es decir, la de ir vaciando de contenido las corporaciones hasta finalmente hacerlas desaparecer por su propia inutilidad.
Sin embargo, el PSPV alicantino está dividido. David Cerdán, secretario general provincial, está en contra de su eliminación, frente a otros compañeros de escaño. Ciudadanos mantiene una posición extraña, ya que su único diputado ahora es tránsfuga.
En Castelló, el PP también mantiene su postura, aunque Javier Moliner se muestra más conciliador en algunos aspectos con el gobierno autonómico. Ciudadanos se mantiene en la línea estatal de eliminar las instituciones por ser «foco de corrupción».
Sin embargo, las características demográficas afectan, por lo que partidos como el PSPV que en Valencia a priori buscan su progresiva eliminación, en Castelló, con más municipios pequeños, abogan por reformular las diputaciones y ofrecer ayuda a estos consistorios. Por su parte, Compromís respalda la comarcalización de órganos «eficaces».
