Más de 30 residencias concertadas de servicios sociales están fuera de contrato

La Conselleria de Servicios Sociales cuenta con 33 centros concertados en enriquecimiento injusto, es decir, que la gestión está fuera de contrato al haber agotado todos los plazos que permiten las prórrogas. La modificación parcial del decreto de Tipologías -que pone en orden los recursos del sistema y fue aprobada el pasado lunes por el pleno del Consell- implica dar luz verde a las nuevas licitaciones, según aseguró la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. Ya no se pueden realizar más prórrogas así que urge sacar a licitación los concursos del sector. Ahora bien, son 33 las residencias afectadas.

Y es que el Botànic fue demorando las licitaciones pendientes en el sector mientras diseñaba la ley de Servicios Sociales y el decreto de Tipologías que marcaba las características y recursos que tendría cada centro. El decreto se aprobó en tiempo de descuento, apenas dos meses antes de las elecciones que darían paso a un nuevo gobierno.

Además, los centros afectados explican que la demora en las licitaciones también tiene un trasfondo que no es baladí: el convenio colectivo para las empresas que tengan adjudicada mediante contrato con alguna Administración pública la gestión de residencias de tercera edad, servicios de atención a personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, centros de día, centros mujer 24 horas, centros de acogida y servicio de ayuda a domicilio de titularidad pública y gestión privada, en la Comunitat Valenciana.

Salarios como en Sanidad

Y es que el convenio en cuestión implica un aumento de salario en el personal que trabaja en Servicios Sociales. Así se anunció y se publicó ya que el objetivo era equiparar las nóminas de las plantillas a las de otros sectores con mayores salarios como Sanidad o Educación, de manera que, por ejemplo, una enfermera que trabajara en una residencia de mayores pasara a cobrar lo mismo que una que hace lo propio en un centro de salud.

Sin embargo, el convenio colectivo firmado tenía letra pequeña. Y es que el texto refleja que las empresas «actualmente adjudicatarias de los centros y servicios, no estarán obligadas a aplicar los incrementos salariales pactados mientras se mantengan las actuales adjudicaciones, teniendo tal consideración el periodo de prórroga que se esté ejecutando a la publicación del presente convenio, aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas y/o aceptadas antes de la publicación del convenio y todas aquellas prórrogas obligatorias, incluidas las que se produzcan tras el vencimiento del contrato y sus posibles prórrogas, y/u obligaciones de continuar con el servicio que puedan ser impuestas por la Administración contratante por cualquier instrumento jurídico».

Así, si no hay nuevas licitaciones no hay aumento salarial en las plantillas. «Llevamos demasiado tiempo esperando un aumento salarial que no percibimos y la realidad es que ya no se pueden ampliar más los contratos. Ya no queda otra pero ahora hay pendiente de licitación, como poco, 33 centros», explican fuentes del sector. 

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