La Conselleria de Justicia destina 2,1 millones de euros al año a los desplazamientos en taxi y vehículos con conductor de funcionarios de la administración para actuaciones que «por su inmediatez, lejanía y otro tipo de características no sea posible utilizar otros medios de transporte».
El servicio de taxi es utilizado por cinco órganos distintos de la administración de justicia, según explican fuentes del departamento que dirige la consellera, Gabriela Bravo. Los funcionarios de los Servicios comunes de notificaciones y embargos (SNCE), del juzgado de vigilancia penitenciaria, del Servicio común de relaciones con el Centro Penitenciario de Picassent, los desplazamientos de las Fiscalías y, por último, los jueces y médicos-forenses en las visitas a las residencias de la tercera edad.
Aunque al trabajo habitual se ha de añadir los considerados como «servicios extraordinarios» por necesidades excepcionales de transporte «como los traslados de las comisiones judiciales para declaraciones en domicilios, reconocimientos judiciales y forenses en internamientos, entradas y registros y levantamientos de cadáveres». En todos los casos «la necesidad del transporte está acreditada por el letrado de la Administración de Justicia o, el fiscal o médico forense, según el servicio de que se trate», añaden las mismas fuentes.
La comunicación al ciudadano de las notificaciones judiciales es la que más gasto en traslados en taxi representa para el erario público. La previsión mensual de la Conselleria de Justicia supone un consumo de 3.094 horas mensuales de taxi, lo que representa un total de 37.128 horas al año.
Las tres Fiscalías provinciales también consumen 1.276 horas mensuales en taxi, lo que eleva el taxímetro a un consumo de 15.312 horas anuales. La razón de esta necesidad tan elevada de transporte se debe a que todos los representantes del Ministerio Público están destinados en la Fiscalía Provincial de Valencia «por lo que cada vez que se produce un juicio, una comparecencia o cualquier otra gestión en la población que tengas asignada se recurre desplazamiento en taxi». Sin olvidar, además, que cada fiscal puede tener asignadas varias poblaciones. Anteriormente existía un parque móvil, aunque fue eliminado. Los funcionarios también pueden optar por desplazarse en su vehículo privado, aunque eso obliga a realizar papeleo de kilometraje, presentación de justificantes... Con el añadido de buscar aparcamiento en el entorno de los juzgados, que suele ser escaso en ciudades grandes o medianas como Torrent o Paterna, por citar dos ejemplos.
Debido a este trasiego, la Conselleria de Justicia licita la prestación del servicio de taxi de forma conjunta para todos los órganos judiciales de cada provincia. «Actualmente hay un contrato en vigor hasta octubre de 2018 para el transporte de los órganos judiciales en la provincia de Castelló, otorgado a la empresa Benibús SA y dotado con un presupuesto de 583.656,81 euros», explican fuentes de la Conselleria de Justicia.
Respecto a Valencia y Alicante se encuentra «en licitación el contrato para los próximos dos años del servicio de taxis y vehículos con conductor que asciende a 3,7 millones (IVA incluido) para ese periodo de dos años. El anterior contrato había sido firmado con la empresa Transvía SL», explican fuentes de la Conselleria de Justicia. De esta manera, «los presupuestos para Valencia, Alicante y Castelló para los próximos dos años asciende a 4,2 millones de euros, lo que supone un ahorro de 200.000 euros respecto a 2015 y 2016 y que será posible gracias a las nuevas medidas de seguimiento y control que se pondrán en marcha desde la dirección general de Justicia».
