La regularización de los más de 2.600 empleados públicos que prepara la Generalitat fue ayer analizada desde la formación política Podemos y el sindicato Comisiones Obreras.
Así, el síndic del partido morado en las Corts, Antonio Montiel, atendió a Levante-EMV y explicó que «entre 2102 y 2014, la Generalitat gobernada por el PP llevó a cabo una estrategia de reducción drástica de personal en el sector público que ocasionó el despido por distintos procedimientos de más de 4.600 personas. Estos despidos afectaron básicamente al personal con mayor antigüedad y experiencia, y al PP no le importó que hubiesen llegado mediante convocatoria pública o hubiesen superado o no pruebas selectivas para su acceso».
Montiel también defendió que «atendiendo a esos antecedentes, cualquier decisión acerca del tratamiento de los actuales empleados del sector público, llegados hace poco y bajo fórmulas diversas cuando no hubiesen adquirido su condición de personal laboral fijo mediante procesos selectivos, deberá ser objeto de un estudio de los diferentes itinerarios para no legitimar, sin consenso sindical y político, situaciones irregulares de origen».
«El 90 % no son enchufados»
Juan Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO-PV, también abordó la cuestión y comentó que «nuestra posición concuerda casi al 100 % con lo que se defiende en el borrador. Debemos recordar que muchos de los trabajadores afectados entraron siguiendo los cauces que había en su momento y ahora tienen unos derechos». Consultado sobre la presencia de «enchufados», expuso que «claro que los hay, pero serán menos del 10 % del total. Todo el mundo sabe quienes son, no son muy difícil de identificar: basta con ver cuales son los grandes cargos ´heredados´ de otros años que están afectados por la situación».
Así, Cruz comentó que «es cierto que ahora todo se debe hacer por oposición, este debe ser el camino a seguir en el futuro».
