El monto de facturas «retenidas» por la Conselleria de Sanidad y pendientes de pago al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) puede que no haga más que aumentar durante las próximas semanas. La administración pública ya tiene retenidas y sin satisfacer las facturas del IVO por los pacientes atendidos en enero y febrero al haber sido emitidas por el antiguo sistema de facturación -cuando el instituto aún era un centro concertado- acuerdo que expiró el pasado mes de diciembre.
La conselleria advirtió a principios de marzo que no podía aceptar estas facturas, y que serían devueltas a su emisor, hasta que éstas no fueran tramitadas por el sistema informático que agrupa a los centros no concertados de la administración. El problema es que, tal como advirtieron ayer desde la dirección del IVO, este anuncio llegó tarde («el pasado 13 de marzo en el escrito recibido en nuestra Institución ») y la adaptación a los sistemas informáticos de la administración no es, precisamente, fácil, por lo que el instituto se ve obligado a seguir facturando «como se ha venido haciendo hasta el momento».
«En tanto en cuanto se sigue trabajando para adaptarse al mismo, la institución seguirá facturando como se ha venido haciendo hasta el momento puesto que actualmente es el único mecanismo viable», explicitaron desde la fundación valenciana.
Si la Conselleria de Sanidad mantiene lo dicho (el director general de Asistencia Sanitaria Rafael Sotoca mandó una instrucción a los gerentes de todos los departamentos para devolver estas facturas hasta que no estuvieran debidamente consignadas) no solo quedarán en el tintero las de enero y febrero sino las de los meses sucesivos «dado que el proceso de adaptación del modo de facturar exigido por la conselleria es un procedimiento complejo», apuntan desde el IVO. Insisten, sin embargo, en que la fundación trabaja para que «en el menor tiempo posible se puedan adaptar los requerimientos exigidos».
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha manifestado en varias ocasiones su compromiso público a satisfacer estos pagos que solo de los dos primeros meses podrían rondar los 10 millones de euros. La cifra, sin embargo, no ha sido confirmada ni por la administración ni por la fundación oncológica.
Sin concierto y a la espera
El escollo de cómo se deben tramitar las facturas y el consecuente retraso en el pago ha sido una de las consecuencias directas de la finalización del convenio que durante años ha ligado al IVO con la salud pública valenciana. Mientras desde la institución esperan a que Sanidad saque a concurso las nuevas normas para retomar la colaboración público-privada (en base a una nueva normativa europea), el centro funciona de forma externa y solo puede recibir a los pacientes de la pública que los departamentos de salud les remitan y autoricen y previa valoración médica.
Este nuevo sistema y la pérdida de la libre elección ha provocado quejas de pacientes y de la propia institución que acusa una bajada de enfermos a tratar remitidos pese a que desde Sanidad se asegura que se ha dejado libertad total a los departamentos para tomar esta decisión.
