La Fiscalía Anticorrrupción acusará en la apertura de juicio oral a los directivos de las ONG implicados en el caso Blasco al no haber podido llegar a un acuerdo con ellos para que devuelvan parte del dinero de fondos de Cooperación de la Generalitat desviado a empresas vinculadas a la trama liderada por Augusto César Tauroni y el exconseller encarcelado Rafael Blasco. El Ministerio Público estaba negociando con estas organizaciones, que sirvieron para distraer dinero público, la posibilidad de reducir o evitar las penas de cárcel a cambio de que pagaran una cantidad económica. Todos se negaron.
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de València, Nieves Molina, está a punto de abrir juicio oral por la segunda y la tercera pieza del caso Blasco, las que investigan la trama de ONG y empresas que desvió unos cuatro millones de euros de fondos de la cooperación valenciana a la compra de pisos y un yate en Miami y el proyecto de construcción del hospital de la Generalitat en Haití tras el terremoto de 2010. Fuentes judiciales explicaron a Levante-EMV que, con toda seguridad, ambas piezas se unifiquen en una para la celebración de la vista oral. La primera pieza separada, la del proyecto de Nicaragua que sirvió para comprar pisos en València, fue la que acabó con la condena a prisión para Rafael Blasco y otros altos cargos de su conselleria.
La fiscalía ha intentado llegar a un pacto de conformidad con los directivos de la ONG investigados en la causa. La propuesta era el reconocimiento de los hechos y el pago de parte del dinero presuntamente desviado. A cambio, el Ministerio Público reduciría o obviaría las penas de cárcel. Finalmente, estos imputados se han negado a devolver parte del dinero por lo que se tendrán que enfrentar a una petición de penas de prisión en la vista oral, que está a punto de decretarse por parte de la juez instructora.
La Coordinadora de ONG, que lleva la acusación popular, se opuso desde un principio a este pacto. Según ha podido saber este periódico, la entidad que aúna a casi un centenar de organizaciones no gubernamentales perjudicas por la actuación de la Conselleria de Cooperación entre 2007 y 2011 se han personado en las piezas cuatro y cinco del caso, que se abrieron recientemente para investigar los contratos informáticos de las empresas de Augusto César Tauroni. Uno de estos trabajos fue la creación del portal del inmigrante a través de la multinacional española de capital público Indra, que se utilizó como empresa pantalla.
Fuentes de la fiscalía explicaron que la prioridad del caso Blasco en la actualidad es recuperar el dinero público sustraído. De momento, todos los bienes de Tauroni en Miami están embargados, entre ellos el yate que trasladó desde Mallorca. Además, están también embargadas las cuentas corrientes de las empresas de la red corrupta.
La investigación sobre las ONG que se utilizaron para recibir subvenciones públicas para desviarlas a empresas de la trama ha intentado dirimir la responsabilidad de sus directivos. Estos siempre han defendido que fueron meros instrumentos utilizados por Blasco y Tauroni para sus cometidos, aunque las acusaciones nunca se han creído esta versión. Estas organizaciones cobraron dinero para proyectos en África o Perú pero pagaban facturas de empresas ficticias que nada tenían que ver con el cometido inicial. Las ONG investigadas son la Fundación Hemisferio, Fudersa, Asa de África, Ceiba y Esperanza Sin Fronteras.
Otro de los que rompió su negociación con la fiscalía fue en el pasado mes de marzo Augusto César Tauroni, quien había prometido «tirar de la manta» a cambio de una reducción de penas. Finalmente, el empresario encarcelado no cumplió y el posible acuerdo se fue al traste. También se enfrentará a penas de cárcel.
