El acusado por el caso Emarsa, José Juan Morenilla, declaró en el juicio la pasada semana a preguntas de la fiscal que contrató una caja de seguridad en un banco que visitó en 29 ocasiones y que mantuvo abierta hasta días antes de iniciarse la investigación judicial porque guardaba allí documentación relativa a una tesis doctoral para el control del proceso de depuración. Según el exgerente de la Epsar, esta investigación pensaba que iba a dar como fruto una patente, pero que no fue así; «era un gasto inútil y la cerré».
Esta versión se ajusta poco a la realidad puesto que la tesis doctoral de Morenilla fructificó en una patente que se viene renovando desde 2004. Incluso el propio acusado tramitó personalmente la concesión del certificado de la patente el 29 de octubre de 2013, según el documento reproducido en esta información. La patente se aplica en ocho depuradoras valencianas dependientes de la Generalitat y es utilizada por empresas que trabajan para el Canal de Isabel II.
El otro documento reproducido en esta información demuestra que la patente se presentó el 14 de octubre de 2005, se concedió por parte de Gobierno de España el 7 de junio de 2010 y se anunció públicamente el 18 del mismo mes. Morenilla cerró la caja de seguridad en noviembre de ese 2010.
