La Fiscalía no escatima críticas a la «burda tramitación» de los expedientes elaborados para contratar al Instituto Nóos, al «hecho de disponer de tan elevadas cantidades de los fondos públicos (3,6 millones de euros) o «el dato de no exigir justificación alguna de los gastos». Según la Fiscalía, «tanto los acusados como los cooperadores necesarios, como los que tenían la condición de autoridad o funcionario público, eran conscientes de la arbitrariedad de las decisiones, de que éstas solo beneficiaban a la empresa Nóos, es más, que la contratación tenía como única motivación la identidad del presidente de la misma, el señor Urdangarín». Al Ministerio Público rechaza el argumento exhibido por la Audiencia de Palma de que los acusados se aprovecharon de «antinomias legales». «La legislación ha permanecido invariable y la Sala no duda en condenar por prevaricación, fraude a la administración y malversación» a los acusados baleares por lo que procede la condena en Valencia.
