La Audiencia Nacional, concretamente el juez Fernando Andreu, ya tenía abiertas investigaciones sobre este tipo de fraude desde al menos 2015. En julio de 2015, Andreu envió a prisión a dos personas que regentaban cinco clubes de alterne en Madrid, Alicante, Barcelona y San Sebastián, acusados de intentar blanquear las «ingentes» cantidades de dinero defraudado a Hacienda a través de la construcción de viviendas en Irak, Camerún, Etiopía, Kazajistán, Panamá o España. Ambos ingresaron cerca de 83 millones de euros.
