La huelga de examinadores de Tráfico que se inició el pasado mes de junio con paros parciales de tres días a la semana y que tras la falta de acuerdo entre el colectivo y la Administración se mantendrá en septiembre ha dejado las autoescuelas prácticamente vacías con pérdidas de 1,2 millones y una caída de las matrículas del 48 %.
Según datos facilitados por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), los paros han provocado retrasos de un mes en las pruebas teóricas y de dos a tres meses en los exámenes prácticos. En las autoescuelas valencianas son ya 7.000 los expedientes acumulados (80.000 en toda España), lo que supone que una media diaria de 250 alumnos se han quedado sin ir a las pruebas. Una situación que agrava la crisis por la que atravesaba el sector. «Hemos visto cómo desde que empezaran los paros muchos clientes han dejado de venir o han decidido posponer su idea de sacarse el permiso», lamenta el gerente de un centro de formación vial.
No en vano, según datos del presidente de Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), Juan Carlos Muñoz, el porcentaje de matriculaciones en julio se ha reducido un 48 % respecto a 2016 (18.022 nuevas altas el año pasado frente a 8.658). «Sé de casos en los que muchos responsables de centros se están planteando bajar la persiana porque temen que la situaicón va a ir a peor», sentencia.
Un conflicto, el que enfrenta a los examinadores con la Dirección General de Tráfico (DGT) por la reclamación de una subida salarial, que lejos de solucionarse se ha agravado tras la reunión del pasado martes entre las dos partes. Aunque en un primer momento los funcionarios anunciaron una huelga indefinida, posteriormente «por responsabilidad» decidieron dar marcha atrás y mantener los paros de tres días a la semana.
«Tras las muchas peticiones que hemos recibido tanto de la ciudadanía como de los alumnos de las autoescuelas, hemos decidido desconvocar la huelga indefinida» , anunciaba el colectivo de funcionarios.
Para Joaquín Jiménez, presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), se trata de una «llamada a la responsabilidad» al advertir que podrían ser muchos los perjudicados que no «tienen la culpa del inmobilismo de una institución que no ha hecho ningún tipo de movimiento para acercar posturas». Los examinadores reclaman una subida salarial de entre 200 y 240 euros mensuales.
Otro de los focos del conflicto que se debatió en la reunión del pasado martes fue el establecimiento de unos servicios mínimos que evitaran retrasos «ahora insalvables», según palabras del presidente de asociación de autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. «Hay personas a las que se les ha dado horas para principios de diciembre», añadía.
Servicios mínimos
Para Muñoz, establecer un 75 % de servicios mínimos «no parece exagerado» y entraría dentro de las medidas para prevenir un «agravamiento de la situación». Cifra que respaldan desde la propia confederación de autoescuelas. «El servicio que prestan los examinadores es esencial. Lo mismo que ha tenido Renfe, un 77 %, ellos tienen la alternativa de la carretera y del avión, pero nosotros no tenemos ninguna», afirmaba el presidente de la patronal, Juan Miguel Báez, quien recordó que en el caso de la huelga en El Prat los servicios fueron del 90 %.
Unos porcentajes que distan mucho del 20 % inicial planteado desde el comité de examinadores a una DGT que contrarrestaba la oferta ofreciendo un 50 % tras una primera propuesta del 75 %.
