La nueva Oficina de Control de Conflictos de Intereses no saldrá gratis a la Generalitat. La memoria económica cifra en 210.676 euros el coste de la plantilla que se considera necesaria para poder cumplir las funciones asignadas. Así, Transparencia reclama la creación de cinco nuevos puestos: una jefatura de sección, otra de unidad y tres jefaturas de equipo. Los dos primeros puestos son del grupo A1 y A2; y el resto C1.
La oficina, con rango de subdirección general (ya hay nombrado un funcionario como responsable), queda adscrita a Transparencia, pero según especifica el decreto tendrá independencia en sus funciones. El nuevo ente tendrá un poder difícilmente mesurable dada la información sensible que barajará. Actuará, además, como una suerte de policía ya que entre sus funciones está supervisar y controlar que los cargos cumplen con sus obligaciones. Así, tiene asignadas tareas de comprobación para verificar la veracidad del contenido de las declaraciones. En sus manos estará también resolver las solicitudes de compatibilidad, así como proponer la incoación de expedientes sancionadores en caso de incumplimiento y dirigir la instrucción. Cabe recordar que la ley establece un régimen sancionador que incluye desde la amonestación hasta el cese del cargo incumplidor. El decreto de reglamento puntualiza que la persona infractora deberá reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, pero también resarcir de su bolsillo a la hacienda pública en el caso de que el beneficio indebido proviniera de fuentes ajenas a la hacienda pública. El conseller de Transparencia será el encargado de incoar los expedientes si se trata de un alto cargo (excepto los de su propia conselleria), mientras que el Consell hará lo propio si el afectado es uno de sus miembros.
La memoria económica no incluye el coste de poner en marcha el registro ya que las principales necesidades son de tipo tecnológico.
