El camino que todas las fuerzas políticas valencianas transitaron juntas esta legislatura para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy el cambio urgente del sistema de financiación autonómica se torció oficialmente en agosto cuando el PP anunció que no se sumaría a la manifestación contra la infrafinanciación convocada finalmente por los sindicatos. En realidad, mucho antes.

El PP valenciano y su presidenta, Isabel Bonig, han dado su respaldo en varias ocasiones al actual Consell (la lideresa defiende que sigue intacto), pero Génova la obligó a suavizar su postura después del plante de abril a los presupuestos generales del Estado y a su recorte inversor. A partir de ahí comenzó el desencuentro y se borró cualquier posibilidad de que el PP se retratara con el tripartito, menos aún en una protesta, que claramente contiene un rechazo explícito a Rajoy.

La brecha abierta se evidenció en la sesión del martes del debate de Política General y se certificó en la segunda jornada, donde toca votar las propuestas de resolución. Todos los grupos, de una manera u otra, tenían mociones sobre la necesidad de cambiar el modelo, pero, en esta ocasión, no hubo ningún acercamiento entre el tripartito y la oposición para sumar una nueva resolución conjunta del Parlamento valenciano.

El tripartito había decidido no tomar en consideración ninguna propuesta del PP y no hizo excepción en este asunto. Los populares llevaron al pleno una propuesta en la que se subrayaba la necesidad de diálogo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Bonig aboga por una política posibilista y considera que, una vez iniciado el debate a nivel nacional y presentado el informe de los expertos, lo que toca es negociar al más alto nivel. Se quedaron sólos, como en el resto de propuestas. Lo mismo ocurrió con otra propuesta en la que pedían que las Corts ratificaran el último informe de los expertos.

Por su parte, rechazaron avalar con sus votos la presentada por el bipartito para instar al Gobierno central a aprobar la financiación en 2017. La resolución venía acompañada de la petición de una serie de medidas provisionales en tanto en cuanto no se aprobara la reforma. Así, por ejemplo, se exige a Rajoy un déficit asimétrico para la Comunitat Valenciana y aprobar un fondo de liquidez sin condiciones. Para los populares los términos de la propuesta eran inaceptables, además de inviables, porque el CPFF ya adoptado acuerdos en esta materia.

Los partidos de izquierda tampoco lograron convencer a Ciudadanos, que optó por el comodín de la abstención. Argumentaron que en plena reforma de la financiación y con la comisión de expertos en marcha, es «inadecuado» plantear cuestiones como el déficit asimétrico. Con todo, la enésima moción exigiendo mejor financiación contaba anoche con los votos necesarios para salir adelante.

Por otro lado, el comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) aprobó ayer a respaldar el manifiesto por la financiación y las inversiones justas para la Comunitat Valenciana. Ahora bien, la patronal se ha descolgado de la manifestación prevista para el 28 de octubre, como adelantó Levante-EMV, por la falta de consenso político. En principio, hoy está previsto que los secretarios generales de UGT y CC OO, Ismael Sáez y Arturo León; así como el presidente de la CEV, Salador Navarro rubriquen el manifiesto.

Cabe recordar que el Consell renunció a la idea de convocar la protesta para evitar recelos políticos. Una renuncia que ha sido en vano ya que la imagen de la unidad política se ha evaporado. Para el PP la manifestación puede volvérseles en contra, sobre todo, si no consigue una movilización contundente.