El Ministerio de Sanidad ha confirmado la intoxicación de 154 personas en España en lo que va de año por atún en mal estado, 13 de ellas en la Comunitat Valenciana en cuatro brotes distintos. Son las consecuencias de las intoxicaciones alimentarias detectadas en mayo pasado en Andalucía, del que ya informó Levante-EMV, que tenían un foco común: la empresa almeriense Gardicen.

La denuncia del Gobierno andaluz puso en marcha una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que culminó la semana pasada con la detención de 7 trabajadores de esta empresa almeriense, como presuntos responsables de la intoxicación alimentaria. Al parecer, la mala conservación de parte de los atunes llevó a los ahora detenidos a camuflar el mal aspecto de la carne con jugo de remolacha para darle un aspecto más fresco y poder comercializarlo al precio habitual.

Sin embargo, la histamina desarrollada en el pescado por esa mala higiene en la manipulación de los alimentos y, sobre todo, por la mala conservación del pescado, expuesto a una elevada temperatura durante períodos prolongados de tiempo, hizo que más de un centenar de personas sufrieran intoxicaciones.

El secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cecopesca), Juan Manuel Vieites, explicó a Efe que, según la legislación establecida en cuanto al tratamiento del pescado, cuando un barco pesca un atún debe congelarse a -9 grados; de lo contrario, puede darse la aparición de histaminas. Aunque no provocan grandes problemas en la salud, sí pueden cursar causar dolor de garganta, rubor, sudor facial, náuseas, vómitos, cefaleas y eritema cutáneo fruto de la reacción alérgica.

Las intoxicaciones han afectado a València, Andalucía, Murcia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Madrid y País Vasco, pero también a Alemania, Francia, Italia y Portugal. Por todos estos casos, la Comisión Europea envió una carta a España el pasado 14 de septiembre mostrando su «preocupación» por la distribución de pescado en mal estado y requiriendo información acerca de las actuaciones realizadas para hacer frente y detener estas prácticas.