Entrar en la cárcel es entrar en un mundo nuevo. Sus propias normas, su propia jerarquía, pero también su propia sanidad. Si estás en la calle, el sistema valenciano de salud te "controla" mediante la tarjeta sanitaria y tu historial es accesible para todos los profesionales. Si estás dentro, la mitad de lo que te pase allí puede que nunca lo conozcan tus médicos de fuera y, tu historia sanitaria extramuros puede que sea difícil de conocer cuando traspasas la reja. Un sistema desconectado e independiente que deja daños colaterales.
Es la realidad paralela tras las rejas que esta semana ha denunciado la Coordinadora de Asociaciones VIH-sida de la C. Valenciana, Calcsicova, a propósito de la excepcional situación de los reclusos de Villena, «discriminados» porque son los únicos que no reciben en su prisión los tratamientos de hepatitis C por falta de coordinación entre los dos ámbitos. Organizaciones sociales y trabajadores demandan poner fin ya a los problemas que genera esta dualidad y que la falta de entendimiento entre administraciones no hace más que empeorar.
La atención sanitaria de los reclusos españoles está en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y un equipo de profesionales en cada cárcel -a modo de Atención Primaria- se ocupa de ellos. En la C. Valenciana son 35 médicos, 62 profesionales de enfermería y 63 auxiliares para una población reclusa de más de 6.000 personas, según datos del Ministerio de Interior. Resuelven los problemas más cercanos de los internos, pero cuando estos necesitan ver al especialista, salvo ciertas áreas en las que están articuladas visitas en el interior, es la sanidad pública la que se hace cargo.
El problema viene por la falta de vasos comunicantes entre las dos áreas: ni los médicos de instituciones penitenciarias tienen acceso a las historias clínicas de los internos, ni los especialistas de fuera conocen la realidad de los tratamientos internos a no ser que sea el propio recluso el que presente la documentación, cosa que no siempre pasa.
Sin medicación durante días
"Cuando llega un preso, llega sin referencias y puede que venga con patologías graves. Desde que entra hasta que en administración pueden buscar qué medicamentos se toman, porque ellos normalmente no se acuerdan, puede que pasen varios días y estamos hablando de suspender tratamientos muy importantes como psicofármacos, anticoagulantes, antibióticos.... Si trabajáramos con el sistema público, el Abucasis, no habría estos parones". La escena la relata un médico de una de las cárceles valencianas. Esta falta de conexión con las historias clínicas de los nuevos "pacientes" que les llegan se suple, muchas veces, "con implicación personal" del equipo médico, pero eso no basta a un colectivo que demanda que se ejecute cuanto antes la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, tal como preveía la ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003, hace ya 14 años.
"Nos vemos impotentes en muchas ocasiones", asegura este profesional que recuerda que, pese a que la ratio médico-paciente es alta (171 presos por cada médico) el colectivo de reclusos tiene unos problemas de salud que no hay en la calle. "Su salud está más deteriorada, es cierto. La prevalencia de VIH o Hepatitis C es mucho más alta, tienen problemas de drogas y además hay muchos reclusos con problemas mentales", reconocen. Cuatro de cada diez según algunos estudios.
Pese a comprometerse hace catorce años a transferir la sanidad penitenciaria, Interior ha avanzado en el desarrollo de su sistema asistencial interno, lo que ha sido visto como "un paso atrás" para la transferencia sanitaria por las entidades que están luchando por ello como la Organización Médica Colegial (OMC). Las cárceles españolas cuentan ahora con un sistema informático propio (OMI) que, por primera vez, conecta a sus equipos médicos, pero "complica aún más el trabajo de la transferencia, ya que hace perdurar el aislamiento sanitario de la población reclusa", critica Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria en la vocalía de Administraciones Públicas de la OMC.
Desde dentro de las prisiones también se ve como un «palo más en la rueda» de la integración. "Solo soluciona que ya no tenemos que trabajar con historias en papel, pero paraliza la integración con la sanidad valenciana", lamentan.
Mientras se sigue negociando en los despachos, los presos son los que más pierden en esta duplicidad de sistemas.
