Con una media de más de 26 al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con más desahucios. La cifra tampoco es mucho mejor en el conjunto de España, con una media de más de 189 al día durante el primer trimestre de 2017. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) imputa a esta sangría habitacional más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015. Los gobiernos autonómicos llevan varios años tratando de poner freno a esta situación, aunque seis de ellos se han encontrado con el mismo muro: recursos del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
La última en darse de bruces contra la Abogacía del Estado ha sido la C. Valenciana. El pasado viernes el Ejecutivo central anunciaba que llevaría hasta el Alto Tribunal la ley «antidesahucios» y la de la pobreza energética al entender que la Generalitat se excedía en sus competencias. Lo mismo hizo en 2013 contra las normas sobre la función social de la vivienda emanadas del parlamento canario, andaluz y navarro; en 2015 contra la ley de vivienda del País Vasco y en 2016 contra la de Cataluña.
En líneas generales, el PP ha actuado desde el Gobierno central contra puntos más o menos comunes a todas estas leyes autonómicas: las sanciones contra los «grandes tenedores» (propietarios) por mantener viviendas vacías, la expropiación temporal para evitar desahucios, y, en definitiva, todo aquello que consideren que entra en colisión con el derecho a la propiedad privada.
En concreto, una de las medidas más polémicas de la ley andaluza era la expropiación temporal de las viviendas vacías para dedicarlas a su función social. El mismo punto estaba contemplado en la norma canaria. Consideró el gobierno que había una «discriminación arbitraria» en las expropiaciones propuestas en la ley navarra al centrarlas en filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos y también recurrió el punto de la normativa vasca en el que se define qué se entiende por vivienda desocupada. Estos son solo algunos de los diferentes artículos cuestionados por el gobierno de Rajoy recogidos en las leyes autonómicas de vivienda afectadas, seis en cuatro años.
Objetivo: autocensura
De manera similar ha actuado la abogacía en el caso de la ley valenciana contra la pobreza energética. La norma impulsada en las Corts por Podemos restringe el corte del servicio a los ciudadanos que hacen las empresas suministradoras en caso de impagos, hecho que desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy ven como una invasión competencial (y un ataque a estas empresas).
Según defiende el diputado de la formación morada Antonio Montiel, el objetivo último de estos recursos por parte del Gobierno central es cercenar la capacidad legislativa de los parlamentos autonómicos. «Es una falta de comprensión del Estado de las autonomías. Las comisiones bilaterales se han convertido en espacios de amenaza, no de negociación. El objetivo último es que los gobiernos autonómicos se autocensuren. Se vio en la amenaza de recurso en el caso de las bolsas de À Punt», detalló Montiel.
