11 de noviembre de 2017
11.11.2017

Contratistas del caso Imelsa no justifican los pagos al PP investigados

Los testigos derivan a otros directivos la responsabilidad de los ingresos a la firma de las campañas del PP

11.11.2017 | 04:15

Directivos de firmas adjudicatarias del Ayuntamiento de València en la etapa del PP comparecieron ayer como testigos ante el juez que investiga la supuesta financiación ilegal de este partido y no pudieron justificar pagos que la Guardia Civil sostiene que hicieron de forma encubierta al partido.

Según Efe fuentes conocedoras de sus declaraciones, los testigos trasladaron la responsabilidad a sus superiores o predecesores en el cargo -contradiciendo expresamente declaraciones de otros testigos en algunos casos- o bien alegaron no recordar nada.

Se trata de representantes legales de las firmas Secopsa, Fovasa, Lubasa y Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), unas declaraciones que se suman a las del pasado 27 de octubre sobre este mismo asunto y que mantienen el mismo hilo argumental, es decir, no aportaron luz sobre los pagos que constan en el sumario del caso Imelsa y que se sospecha se realizaron de forma irregular al PP. Este hecho, a juicio de los investigadores, refuerza la idea que defendió la Guardia Civil en sus informes sobre la ausencia de relación comercial alguna que justificase las aportaciones económicas por parte de las empresas a Laterne, la firma que organizó las campañas electorales del PP que encabezó Rita Barberá en 2007.

Ninguno de los empresarios interrogados ayer explicó en qué consistieron dichas operaciones, pero su posible responsabilidad penal está extinguida por prescripción, apuntaron las mismas fuentes.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente que se comprueben los antecedentes penales del perito contratado por varias defensas del caso Imelsa para comprobar si es el exconvicto Emilio Hellín Moro, ultra que fue condenado en 1980 a 43 años por el asesinato de la joven socialista Yolanda González. El fiscal tiene intención de solicitar al titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia que aparte a este perito del caso por considerar que su testimonio no puede ser creíble.

La pericial sobre las grabaciones debería continuar -aún sin fecha concreta- en presencia de un técnico informático de los juzgados o bien de la Guardia Civil.

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