Los empresarios que pagaron a la empresa de comunicación Laterne Product Council, responsable de las campañas electorales de Rita Barberá en 2003 y 2007, siguen echando balones fuera respecto al dinero que aportaron a las mercantiles creadas por el empresario, ya fallecido, Vicente Sáez Tormo, y que los investigadores del Caso Taula sospechan que financieron los actos electorales del PP de la ciudad de Valencia.
Las socorridas frases «no estaba» o «no lo recuerdo» continúan siendo las respuestas que ofrecieron los tres últimos empresarios que declararon ayer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 18 y el Fiscal Anticorrupción.
Aunque uno de ellos sí que admitió que el dinero entregado a Laterne para la creación de una empresa, con otras firmas importantes de la ciudad, con la que optar a licitaciones y organizar grandes eventos, fue «una estafa», según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de las declaraciones. La empresa fantasma que engulló todo el dinero aportado por los empresarios sin que fructificara en nada fue Product Management Council SL (PMC), que nunca llegó a tener trabajadores, pero que se constituyó el 14 de diciembre de 2007 para «dedicarse a hacer varios proyectos de promoción de la ciudad» y «concurrir conjuntamente a licitaciones públicas y así repartirse el mercado». De asesor jurídico de esta fallida aventura empresarial ejerció José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa, Rita Barberá, y abogado de Mari Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo municipal investigada en el Caso Taula por un presunto blanqueo de capitales y un supuesto delito electoral. Alfonso Grau asistía a las reuniones previas a la creación de la empresa, según han declarado trabajadores de Laterne
El empresario que definió como «estafa» la entrega de dinero para PMC (entre 150.00 y 500.000 euros, según los casos) sí que declaró que no se plantearon denunciar al empresario Sáez Tormo porque sus abogados advirtieron que perderían aún más dinero.
Por último, la audición de las grabaciones completas que la Guardia Civil hizo a la exconcejala Maria José Alcón, que debía haberse realizado ayer en la Sala Tirant de la Ciutat de la Justicia no pudo hacerse por problemas técnicos, según confirmaron varias fuentes a Levante-EMV. Al introducir el disco compacto en el ordenador, éste no lo reconocía. El magistrado del Caso Taula no autoriza a entregar la grabación completa a las partes, para evitar que se filtren datos personales de Alcón.
