La Fiscalía no aprecia «indicios de delito» en las pruebas que un neurofisiólogo del hospital de Alzira practicó a al menos 19 bebés sin el permiso expreso de los padres y sin que los test estuvieran expresamente pautados. Según informaron ayer fuentes del Ministerio Fiscal, la denuncia presentada en su día por la Conselleria de Sanidad se ha archivado al no detectar ilícito penal en la conducta del especialista. En estos meses, además de estudiar el informe presentado por Sanidad tras tres meses de investigación en el hospital se han practicado otras diligencias como la toma de declaración a parte del personal del servicio de Neurofisiología.
El escrito de denuncia ante la Fiscalía de Menores fue presentado por la Conselleria de Sanidad el pasado verano después de conocer que un especialista del Servicio de Neurofisiología del hospital de Alzira, en manos de la empresa Ribera Salud, había sometido a niños a la estimulación de varios nervios motores mientras estaban en su consulta para, en principio, pasar la prueba de los potenciales evocados, que mide su capacidad auditiva. Mientras los niños estaban sedados para la prueba del oído, el neurofisiólogo habría realizado varias electroestimulaciones de diferentes nervios de los pequeños (desde el frénico que controla el movimento del diafragma, al cubital, radial o tibial) pese a que estas no se habían solicitado expresamente ni, en principio, estuvieran directamente relacionadas con la prueba de potenciales evocados.
Según los especialistas consultados por este diario, en una prueba se mide si los bebés tienen problemas de oído recogiendo la reacción de las ondas cerebrales a ciertos sonidos y en las otras si los nervios transmiten bien las señales eléctricas y, por tanto, qué respuesta tienen para mover diferentes músculos. Los resultados, según recogió Sanidad en su denuncia, sí fueron documentados en gráficas por el especialista pero no aparecen en los historiales médicos de los pequeños ni los padres recibieron información.
De hecho, los padres en ningún momento eran informados de que también se les iba a someter a estos test. Según han explicado públicamente varios de los padres, no se les permitió acompañar a sus hijos y, por lo tanto, no tenían conocimiento de que se hacían ambas pruebas. Tampoco la autorización que firmaban de forma previa para el trámite de la sedación y el consentimiento informado para los potenciales evocados recogía que los bebés iban a recibir estas electroestimulaciones.
Cerrada la vía penal, a los padres solo les queda reclamar por lo sucedido a través de una denuncia por la vía civil, según recordaron ayer fuentes de la Fiscalía.
Pese a que desde la empresa gestora del hospital privado, la UTE Ribera Salud II, se defendió en su día que las pruebas eran «inocuas, inofensivas y no invasivas» sí se decidió amonestar al especialista por la falta de consentimiento informado de los padres «por una errónea interpretación administrativa» al tiempo que se justificó que se hacían para «descartar anomalías nerviosas que pudieran estar asociadas a la prueba auditiva de origen». Salud impuso una sanción al especialista implicado.
Las pruebas sin permisos a bebés era uno de los muchos frentes judiciales abiertos entre la Conselleria de Sanidad y la empresa Ribera Salud. La unión temporal de empresas está pleiteando contra la conselleria para evitar perder dentro de cuatro meses la gestión del hospital de Alzira, el primero de colaboración público-privada que vuelve a manos públicas.
