La ampliación de los accesos a la ciudad de València, hasta ahora síntoma de progreso y desarrollo económico, ha sido puesta en entredicho en los últimos meses con la negativa del ayuntamiento de la capital y la mayoría de los municipios del área metropolitana a dichas obras. El primer argumento es la afección que el tercer carril de la V-21 (autovía de Barcelona, en el tramo Puçol-Port Saplaya) tendría sobre 80.000 m2 de huerta o el impacto de que los dos carriles añadidos a la V-31 (Pista de Silla) tendría sobre los polígonos de la zona o las condiciones de inundabilidad de algunos pueblos. Pero más allá de eso se plantea un cambio en el modelo de movilidad urbana e interterritorial, con una disyuntiva planteada entre el cómodo coche privado o los transportes sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Esas dos visiones de la movilidad las representan en la actualidad la Generalitat Valenciana, alineada con los municipios contrarios a las ampliaciones, y el Ministerio de Fomento, partidario de ejecutar estas infraestructuras. En representación de la primera, la consellera de Obras Públicas y Vertebración del territorio, María José Salvador, lamentó que en los últimos proyectos presentados por el Ministerio de Fomento, como los que afectan a la V-31, V-21, V-30 o N-220, se siga apostando por «infraestructuras viarias con planteamientos del siglo pasado que no tienen en cuenta las nuevas demandas de movilidad de los ciudadanos y que están alejadas de la actual política que está impulsado el Consell». Por eso, reivindica «infraestructuras del siglo XXI, con criterios actuales más sostenibles y que contemplen la perspectiva intermodal (con diferentes modos de transportes) donde no se priorice únicamente y exclusivamente el tráfico rodado».
Para Salvador son absolutamente necesarias medidas de control del tráfico como reducciones de velocidad, instalaciones de radares, carriles exclusivos según franjas horarias o vías reservadas para el transporte público. Además, también es necesario, a su juicio, atender los recorridos no motorizados resolviendo el efecto barrera de las infraestructuras mediante pasarelas peatonales o para ciclistas.
La Generalitat Valenciana, recuerda la consellera, está trabajando en los Planes de Movilidad Metropolitana Sostenible de València, Alicante/Elx y Castelló, que serán los primeros que impulse la administración autonómica «después de años de un vacío enorme en esta materia». «Estos documentos deberán servir como base para la instalación de nuevas infraestructuras y la adecuación de las actuales a las nuevas políticas de movilidad y para el Ministerio también será una guía sobre la que trabajar en sus proyectos», advirtió.
Necesidad de diálogo
Por tanto, «es fundamental que el Ministerio de Fomento escuche las voces del territorio y adapte sus infraestructuras a un nuevo modelo de movilidad del siglo XXI más moderno donde se tienen en cuenta todas las alternativas y se trate en condiciones de igualdad a todas las opciones de movilidad que desee elegir el ciudadano ya sea por carretera, ferrocarril, transporte público o transporte no motorizado».
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, defendió, sin embargo, la mejora de las infraestructuras, incluidas las ampliaciones de la Pista de Silla, la V-21 o la V-30. «Está claro que hay que fomentar el transporte público, la bicicleta y evitar los gases contaminantes, pero no podemos vivir de espaldas a los ciudadanos: mucha gente tiene que seguir cogiendo el coche y en carreteras como la V-21 o la V-31 tienen retrasos de 15 o 20 minutos, es decir, su calidad de vida se resiente», explicó.
Según sus datos, cada día entran en València del orden de 70.000 o 80.000 personas, bien para trabajar o simplemente para realizar compras, y «los tapones, además, generan muchos gases contaminantes, es decir, son también malos para el medio ambiente».
Para Moragues, antes que criticar los proyectos, «hay que ponerse en la piel de los ciudadanos, porque una persona que pierde todos los días una hora en el coche, con la ansiedad que eso genera, no soporta escuchar a un político poniendo palos en las ruedas de una infraestructura de estas». «Haciendo la guerra al coche no se solucionan las cosas, sino que se genera caos circulatorio», asegura el representante del Gobierno en la Comunitat, que pide también que le pregunten a los empresarios a ver qué piensan.
Recuerda, asimismo, que todos estos proyectos se llevan a cabo tratando de reducir al mínimo el impacto sobre la huerta, una defensa que «nadie pone en duda». «Lo que no se puede hacer -dice- es enfrentar la huerta a las infraestructuras. Eso es maniqueísta. En la V-21 hubo unas alegaciones y se hicieron correcciones y en la V-31 ocurrirá lo mismo. Se trata de hacerlo todos juntos y no de espaldas a la gente. No se puede parar la autovía V-21 con el proyecto casi adjudicado y después de haberlo aprobado todos los grupos. Eso es incoherencia», remató.
Para las alegaciones de la V-31, por tanto, Moragues ha pedido a las diferentes administraciones que primero «expliquen a los ciudadanos qué están haciendo para mejorar su calidad de vida». «Se han instalado en la crítica y no solucionan los problemas de la gente», les recrimina.
