La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València ha revocado el sobreseimiento de la causa por las presuntas irregularidades en la contratación de servicios de seguridad por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en favor de Med Seguridad SA y Prosegur SA, así como de las penalizaciones no cobradas, por valor de 93.873 euros, en los periodos comprendidos entre 2007 y 2011.
De esta forma, y al considerar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, ordena retomar la instrucción y dar traslado a la fiscalía y a la acusación particular para que propongan nuevas diligencias «para despejar las dudas generadas por el informe de la Intervención General».
El exjefe de seguridad de FGV, representado por el letrado Óscar Domínguez, presentó un recurso de apelación después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de València acordara a finales de octubre de 2017 el sobreseimiento de la causa abierta contra Marisa Gracia, exgerente de la empresa pública, y tres directivos más de FGV. En el citado recurso la acusación aprecia los delitos de falsificación de documento público, dos delitos de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos.
Como jefe de seguridad de FGV era el técnico encargado de evaluar las ofertas que se presentaron al citado concurso público en 2007.
Según el denunciante, aprovechando que estaba de vacaciones, supuestamente falsearon su informe de valoración obviando las puntaciones a las empreas licitadoras.
Así, las adjudicatarias fueron la tercera y la quinta más caras de las once que se habían presentado al concurso. Además, en el recurso remarca que le engañaron para que firmara el nuevo informe. Éste sostiene que esta adjudicación a dedo se hizo por orden de la gerente Marisa Gracia.
De igual modo, según la denuncia, esta misma responsable de la empresa pública «decidió no cobrar a las citadas mercantiles el importe de una serie de penalizaciones económicas por las infracciones y faltas detectadas en la prestación de los servicios contratados». Concretamente se dejaron de ingresar 39.832 euros a Med Seguridad, S. A., y 54.040 euros a la empresa Prosegur.
«Esta Sala no comparte el criterio de la Instructora de que ni hay pruebas de delito ni las habrá nunca», detalla en el auto la Audiencia Provincial, añadiendo que «el informe de Intervención General de a Generalitat no es absolutamente concluyente y deja abiertos algunos interrogantes».
