Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, presenta hoy una ley de Servicios Sociales que aspira a enmendar la plana a cinco legislaturas de gobiernos del PP al frente de la Generalitat.
Fuentes de la conselleria explican que la nueva norma, negociada con representantes de empresas, sindicatos, municipios o diputaciones provinciales, representantes de entidades del tercer sector, las organizaciones sin ánimo de lucro que cubren necesidades sociales tan diversas como atención a menores en conflicto con la ley o mujeres víctimas de violencia de género, aspira a duplicar el personal que trabaja ofreciendo prestaciones de toda índole.
El número de empleados, tanto públicos como privados, que prestan servicios sociales en territorio valenciano es el más bajo de toda España en relación a la población atendida. La Comunitat Valenciana ocupa el último lugar entre todas las autonomías en número de empleados de servicios sociales. Con la nueva norma, los valencianos deberían equipararse a Castilla y León, que ocupa un lugar «a media tabla», según las mismas fuentes.
Persona y territorio
Pero lo más novedoso de la nueva ley es el enfoque de la prestación del servicio en dos vertientes, la del vecino afectado y la territorial. El usuario de servicios sociales, «la persona», según las mismas fuentes, ocupa un lugar central en la nueva norma, que se inspira en el modelo de atención sanitaria a la hora de abordar el servicio.
La iniciativa define hasta tres escalones de atención. Un servicio de atención primaria, una suerte de consultorio de salud pública donde acoger a los ciudadanos que solicitan amparo. Un segundo peldaño para definir con precisión la calidad del servicio a prestar y la mejor fórmula para ofrecerlo. Y un tercer escalón, equivalente a la atención especializada en el ámbito sanitario, para ofrecer atención residencial a mujeres maltratadas, menores en conflicto con la ley o víctimas de odio, por ejemplo.
Del mismo modo, la ley que hoy se presenta aspira a extender los servicios sociales a todo el territorio. En la actualidad, los ciudadanos de las grandes ciudades disfrutan de acceso a toda una serie de prestaciones inaccesibles para los vecinos de localidades menores.
La idea es dotar de equipos multidisciplinares «que cubran el territorio de dignidad», en palabras de la misma fuente. Una posibilidad que exige el concurso de las diputaciones provinciales para poder desarrollar el proyecto.
Los sindicatos alertaron sobre la posible intromisión de los tres colegios profesionales que agrupan a trabajadores del sector de los servicios sociales. Temían que las empleados sin cualificación profesional que ofrecen los servicios en la actualidad y en algunos casos acumulan años de experiencia pudieran quedar descartados para continuar en sus puestos.
La petición ha sido atendida al pie de la letra y recogida casi textualmente tal como la trasladaron los sindicatos en su momento. Esto es, el personal que presta servicios sociales en la actualidad será «habilitado» de forma automática para que pueda mantener su puesto de trabajo y continuar con su labor.
«Se pretende proteger al personal actual al margen de la titulación que le avale», subrayan las mismas fuentes implicadas en la redacción del proyecto.
