El Consell de Puig y Oltra tendrá que revisar a instancias de las Corts los contratos que la Administración valenciana aún mantiene con empresarios que han confesado la financiación ilegal al PP en dos campañas electorales.
Nueve de ellos admitieron los hechos y aceptaron multas que en conjunto ascienden a dos millones para eludir la cárcel. Pero en algunos casos esas mismas empresas mantienen contratos de complicada resolución para la Generalitat porque en determinados sectores actúan en situación de monopolio.
Podemos lanzó ayer en las Corts la cifra de 52 millones que el Consell aún mantiene en contratos con firmas como Facsa u Hormigones Martínez por el mantenimiento de las carreteras en Castelló o Alicante, las empresas ligadas al modelo Cotino de residencias; las de Enrique Ortiz en Alicante u otras vinculadas a depuración y agua.
En opinión del síndic, Antonio Estañ, se perpetúa un sistema corrupto que traslada el mensaje de que la corrupción sigue saliendo rentable ya que, según Estañ, la multa que pagarán resulta insuficiente en comparación con las fortunas de sus propietarios y el daño que han hecho a los valencianos.
Por ello, las Corts aprobaron ayer, con el apoyo del PP y el tripartito y el rechazo de Ciudadanos, reclamar a la Conselleria de Hacienda que realice una inspección para conocer cuántos de los empresarios vinculados a Gürtel tienen aún a día de hoy contratos con la Generalitat y cuantos se han firmado durante esta legislatura.
Una vez detectados tendrán que analizarse y en el caso de que se detecten irregularidades o incumplimientos, cancelarlos y establecer sanciones. Además, la proposición insta al Consell a dar cuenta en el plazo de dos meses ante el parlamento valenciano de los contratos existentes.
Finalmente se incorpora a la iniciativa de Podemos una enmienda de Compromís y PSPV para la creación de una Oficina Valenciana de la Supervisión de la Contratación, además de facilitar una mayor concurrencia que permita que a los contratos públicos puedan presentarse pequeñas y medianas empresas y cooperativas valencianas.
De la resolución se aparta el grupo Ciudadanos, con la excusa de que se crea un nuevo «chiringuito», algo que Podemos rechaza porque la oficina se vincula a la ley de contratos del sector público, lo que dio pie a la formación morada a acusar a Ciudadanos de «haber superado al padre», en referencia al PP, que si apoya la iniciativa.
Auditorías ciudadanas
Además, los populares secundaron la propuesta pese a que no incluye ninguna de sus dos peticiones: la creación de un registro público de concursos y firmas adjudicatarias y que se indique si alguna de ellas guarda parentesco con algún alto cargo de la Generalitat y de que se eliminara la mención a Gürtel y se incluyera una mención más genérica a todos los casos de corrupción. Aunque los populares apoyan la iniciativa aseguran que pone de manifiesto que Podemos desconfía de los actuales gestores de la Generalitat porque genera dudas sobre la legalidad de los contratos con estas empresas.
Mientras, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, anunció ayer que su partido estudia implantar auditorías ciudadanas de la contratación que ya se aplican en otros países y de las que formarían parte ciudadanos expertos que podrían controlar, acceder y revisar que los contratos se ejecutan con arreglo a la legalidad.
Navarro recordó que las empresas que admitieron el clientelismo económico y que mantienen contratos crecieron al amparo de los gobiernos del PP en diferentes administraciones, pero como no se las puede legalizar, dijo, es necesario ampliar la transparencia.
