El plan Confianza, el programa estrella ideado por el expresidente Francisco Camps en 2009 para sacar a los ayuntamientos de la asfixia financiera y que acabó siendo un auténtico fiasco, tiene los días contados. La muerte presupuestaria del denominado oficialmente Plan de Inversión Productiva tiene fecha de caducidad, junio de 2019, prácticamente coincidiendo con el fin de la legislatura del Botànic. Será el momento en el que el Ejecutivo que surja de las próximas elecciones autonómicas (si no hay adelanto tocan en mayo) podría soltar una mochila que lleva años condicionando el capítulo de inversiones ya que la ejecución de este programa ha sido tan lenta como engorrosa. Diez años después de que el Ejecutivo popular anunciara este plan (partió con una dotación a cargo de deuda de más de 500 millones de euros), todavía quedan 150 millones de euros pendientes de ejecutar y decenas de proyectos pendientes en medio centenar de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
A estos municipios se les acaba el tiempo ya que, al menos sobre el papel, en junio de 2019 vencen los compromisos financieros adquiridos por la Generalitat con los ayuntamientos para pagar los proyectos ejecutados. La propia idiosincrasia del Plan de Inversión Productiva carga en los consistorios la gestión y ejecución de las obras (sólo en algunos casos ha recaído en las conselleries) y la Generalitat se limita a transferir el dinero cuando los municipios certifican el fin de obra.
Según datos oficiales en la actualidad hay 52 municipios en la Comunitat Valenciana con proyectos del Plan Confianza en proceso de ejecución y todavía sin finalizar. En concreto, 30 pertenecen a la provincia de València, 17 a la de Alicante y cinco en Castelló. La lista es variada e incluye tanto municipios pequeños como capitales de provincia como es el caso de València.
En todo caso, y a no ser que la Generalitat Valenciana decida algo diferente, estos ayuntamientos deberán darse prisa para acabar sus proyectos y poder así recibir la transferencia de la Generalitat. En caso contrario, perderán el dinero. La conselleria de turno podría replantear una prórroga, aunque está cuestión no está ahora encima de la mesa. En todo caso, en 2019 desaparece el plan de las cuentas públicas y la mochila, valorada a día de hoy en 149 millones de euros. Hacienda podrá por hacer desaparecer un plan que heredó del PP y cuya filosofía no comparte. Cómo el plan confianza se financiaba a cargo a deuda, esta partida no es dinero presupuestado real que pueda trasladarse a otros fines.
El compromiso, sin embargo, ha lastrado estos años los datos de ejecución presupuestaria, ya que el Consell tenía obligación de consignarlo, aún a sabiendas de que era muy difícil de ejecutar. De hecho, en 2015 la mochila heredada fue de 206 millones de euros. En tres años, apenas 50 millones.
El plan Confianza generó problemas desde su inicio ya que Camps lo lanzó en un momento de crisis y penuria financiera y además con una clara motivación política: competir con el Plan E del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel plan original se hizo sobre obras en muchos casos innecesarias, con numerosos expedientes defectuosos que generaron con el tiempo tantos problemas que el Consell del Botànic aún tuvo en 2015 que dar margen a los ayuntamientos para que reformularan proyectos y plantearan otros más útiles.
Ritmo de ejecución muy lento
A pesar de esta flexibilización de las condiciones del Plan Confianza, el ritmo de ejecución sigue siendo muy lento. Recientemente, el Consell aprobó incorporar a los presupuestos de 2018 un remanente de crédito por valor de 150 millones.
El programa estrella de Francisco Camps para generar riqueza en los municipios de la Comunitat Valenciana acabó casi desde el minuto uno convirtiéndose en un quebradero de cabeza para muchas alcaldías. De hecho, en su primer año de vida, apenas fueron testimoniales los municipios que se acogieron a este plan, principalmente ante el temor de adelantar un dinero que, en tiempos de crisis, desconocían cuándo sería respuesto por parte de la Generalitat. La desconfianza no fue el único problema del plan Camps. La causística ha sido de lo más variada y todo tipo de obstáculos han surgido en los ayuntamientos que han ralentizado los proyectos.
En algunos casos, los proyectos se paralizaron porque se necesitaban hacer catas arqueológicas en el suelo escogido para el proyecto; en otros casos hubo problemas con la expropiación del terreno y en otros se estaba pendiente de permisos de compañías eléctricas. La quiebra de algunas empresas adjudicatarias también se topó en el camino de algunos ayuntamientos. Quizás uno de los ejemplos más hilarantes fue el caso de Vinaròs.
Este municipio, en tiempos del PP, aspiraba a 2,3 millones de euros para un carril bici, pero el nuevo equipo municipal decidió en 2015, con la opción que le dio Hacienda, cambiar el proyecto y construir una piscina cubierta, pero el PP aprovechó un defecto formal para recurrir el cambio ante los tribunales. Estos dieron la razón al PP y ahora con la cuenta atrás, Vinaròs se ha visto obligado, siete años después, a retomar el carril bici.
