Tras la denuncia del Círculo Empresarial de Atención a Personas (Ceaps) y de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunitat Valenciana (Aerte) en los juzgados, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha ordenado el envío al TSJ del expediente administrativo del decreto del Consell por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social.
Así consta en la resolución publicada el pasado viernes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) donde se emplaza a las personas o entidades que pudieran resultar afectadas a que puedan personarse en el citado procedimiento. El recurso interpuesto se tramita en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, del TSJ, que ha solicitado que se le envíe el expediente administrativo.
Aerte, como entidad más representativa del sector, lamenta que prácticamente ninguna de las aportaciones que ha realizado durante un año y medio «se hayan sido tenidas en cuenta. Y si, además, se suma la posible ilegalidad de alguna de las medidas que se han adoptado como la exclusión de las entidades mercantiles del concierto social o la reducción de los requisitos de los cuidadores no profesionales, por entrar en colisión con normativa básica estatal, sólo queda la opción de acudir a los tribunales».
Sin embargo, acudir a la Justicia conlleva «muchos inconvenientes para el sistema y las personas que son atendidas, e incluso puede paralizar la aplicación de las medidas, lo que acaba provocando muchos problemas que se podían haber evitado buscando soluciones conjuntas y previniendo las posibles dudas jurídicas que se han planteado. Para llegar a un acuerdo hace falta la voluntad de las dos partes, y en este caso la Administración nos trata como si fuéramos el enemigo, y no lo somos», concluye el presidente de Aerte, José María Toro.
