Resulta hasta estimulante, por la capacidad intrínseca de superación que entraña, y que evidencia que la ontinyentina es una sociedad viva, el comunicado de les escoletes de Ontinyent en el que piden «participar en el plan de aulas de 2 años» y donde plasman sus discrepancias. Todo correcto y legítimo hasta ahí. Incluso cuando, tras anunciarse la medida educativa, esgrimen que ha sido «sin consenso» y «con imposición». Lo que no pueden hacer, de ningún modo formal, es para defender sus derechos, demonizar a los responsables de la Conselleria por tomar decisiones plausibles, comparándolos con el peor ministro de educación de la democracia, I. Wert, como ellos bien saben, a la hora de defender sus posiciones.
En el fondo de la cuestión, lo que subyace es un conflicto de derechos, entre el colectivo de docentes afectados y los padres del alumnado infantil a la gratuidad educativa de sus hijos desde el inicio. Inequívocamente el difícil arte de gobernar entraña mucha pericia y equilibrio, con el fin de impartir justicia y dejar el mínimo de descontentos o agraviados por el camino. Y los anuncios tan gratificantes, para unos, que el conseller de Educación, V. Marzà, realizaba en su reciente visita a Ontinyent y que afecta a las escuelas infantiles de la ciudad, eran recibidos como una bomba de relojería por las privadas.
Las razones que esgrimen en su reivindicación son cabales y no solo afectan a su modus vivendi o laboral, como suele ser normal en estos asuntos, sino que rompen una lanza a favor y en socorro de «la educación de los niños de 2 años». Armonizar su constatada tarea con las medidas de la Conselleria d'Educació, respecto a implantar aulas de 2 años en las escuelas públicas, empezando por una aula piloto en el CEIP Bonavista y otra en el CEIP Vicent Gironés, es un reto y una buena prueba, con marchamo democrático para ambos contendientes.
Si «la idea de la gratuidad del primer ciclo de infantil nos gusta mucho», como espetan desde les escoletes, a la Conselleria se lo ponen en bandeja de plata para zurcir el descosido ocasionado a partir de un objetivo común. El asunto estará en tener corretja y saber pulir una resolutiva letra pequeña que no arañe a las partes en conflicto. Las pretensiones de les escoletes se resumían así: «ganes de dialogar i arribar a bon port».
Evidentemente esta contestación representa un sarpullido a la satisfacción con la que era saludada la semana pasada la cuestionada noticia, cuando desde el gobierno de Jorge Rodríguez informó acerca de una segunda aula de la conselleria para niños de 2 años.
Nuevo servicio.
Que los conflictos vecinales son tan antiguos como las ciudades, resulta una verdad de Perogrullo. En cambio, no hay tantos antecedentes en que, de cara a primar la concordia vecinal, un gobierno municipal, para el caso el de Ontinyent, tome cartas en esa suerte de asuntos con el objetivo de tender puentes entre las personas, evitando el paso por los tribunales, que a menudo se resuelven dejando cicatrices difícil de cicatrizar. Por ello, y a priori, la puesta en marcha de un Servei de Mediació Veïnal con el claro objetivo de «evitar procesos judiciales entre los vecinos» resulta comercialmente loable, al trascender como «bueno, bonito y barato».
