El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha dado carpetazo a la batalla judicial que en 2009 emprendió Vodafone contra el Ayuntamiento de Novetlè por ordenar la retirada de una estación de telefonía móvil instalada de forma ilegal en el polígono de esta localidad, de menos de 1.000 habitantes. El fallo, que avala la orden dictada por el consistorio y no admite recurso, contrasta con el muro con el que se han topado muchos ayuntamientos cuando se han enfrascado en costosos litigios contra las compañías a raíz de conflictos similares. Un ejemplo: las operadoras han vencido siempre en los tribunales a los numerosos municipios que han pretendido cobrarles una tasa por la ocupación de vía pública con las antenas.
El consistorio de Novetlè no dudó en plantar cara a Vodafone en cuanto advirtió de que la multinacional había levantado la infraestructura sin reunir todos los permisos necesarios, en un terreno arrendado a una empresa local. El gigante telefónico había solicitado a la corporación la licencia para poner en marcha la antena, pero el proceso todavía se encontraba en el periodo de notificación de la propuesta a los vecinos para que éstos presentaran las alegaciones correspondientes, requisito indispensable antes de dar luz verde a las obras y conceder la autorización ambiental.
La compañía, sin embargo, decidió saltarse todos estos pasos. La mañana del 16 de febrero de 2009, los empresarios del polígono de La Vila encontraron a los operarios de Vodafone montando la antena. La actuación despertó quejas entre los propietarios de las empresas colindantes, que manifestaron su temor a que el valor de sus naves se devaluara, dada la proximidad de una instalación de este tipo con los inmuebles.
Ese mismo día, el Ayuntamiento de Novetlè mandó a la Policía Local a paralizar los trabajos de instalación de la torre de telefonía y, un día después, abrió expediente disciplinario contra la mercantil, a la que exigió la retirada de la infraestructura en virtud de un informe del arquitecto municipal que advirtió sobre el incumplimiento de las normas de edificación del polígono industrial: la antena no tenía cabida en la zona y no había forma de legalizarla, ni aunque hubiera obtenido los permisos ambientales requeridos.
El último recurso se desvanece
Pero Vodafone no se dio por vencida e interpuso un contencioso contra la corporación municipal. Según la versión expuesta por la operadora, la licencia de obras le había sido concedida a la firma por silencio administrativo y la normativa municipal cuyo incumplimiento aludía la administración local todavía no había entrado en vigor en el momento en se plantó la estación de telefonía.
El TSJ, sin embargo, tira por tierra los argumentos de la multinacional y deja claro que la licencia de obras nunca llegó a concederse. Por esa razón, los magistrados de la sala desestiman el recurso de Vodafone contra la sentencia de un juzgado de Valencia que ya resolvió en su contra hace 5 años.
