La IV Asamblea General de Propietarios del Cànyoles afloró ayer la desconfianza y la cautela con la que han acogido los afectados por los programas urbanísticos paralizados en Xàtiva la rebaja del IBI anunciada por el gobierno municipal. Después de impugnar el presupuesto del ayuntamiento de 2016 por computar la misma cifra de ingresos procedentes del cobro de la contribución urbana en los terrenos anclados a estos planes, el colectivo que agrupa a medio centenar de particulares con parcelas en los PAI —especialmente en los sectores Cànyoles y Albaida— ha hecho un llamamiento a todos los propietarios para que practiquen un impago colectivo de los recibos, al considerar«confiscatorio e ilegal» el IBI que se les aplica. Pese a la clasificación urbanizable que dispara su valor catastral a efectos tributarios, son dueños de campos de cultivos sin ninguna expectativa de desarrollo.
Esta medida de presión pretende acelerar la respuesta de las administraciones ante la problemática, dada la falta de claridad de los nuevos responsables municipalesrespecto a cuándo se aplicará de forma efectiva una rebaja que ha sido cuestionada por los propios técnicos de Urbanismo y que, en todo caso, no se producirá en 2016 «Estamos hartos de que nos vendan palabras. No pagar es una obligación moral del propietario», manifestó el presidente del colectivo, Francisco Hernández. El abogado, que propone negociar con la diputación para evitar el embargo del suelo afectado, censuró el «bloqueo» de decenas de reclamaciones interpuestas ante el Tribunal Económico Regional que aguardan respuesta desde hace un año después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el cobro del IBI urbano en los PAI no desarrollados. Otros procesos contenciosos están pendientes de resolución en el TSJ. Diversos testimonios en la asamblea equipararon la situación actual de sus terrenos con un embargo efectivo, puesto que pagan cantidades desaforadas de IBI y no pueden disponer del suelo: les exigen una fortuna por venderlo o legarlo.
El ayuntamiento aprobará hoy en el pleno la derogación del Plan Parcial del sector Cànyoles. La regidora de Urbanismo, Cristina Suñer, reiteró esta semana el compromiso de satisfacer las demandas de los propietarios y desprogramar todos los planes urbanísticos que disparan la valoración de decenas de parcelas, pero recalcó que la ley obliga al consistorio a seguir «un procedimiento largo» que comporta muchos trámites. Hernández subrayó que el acuerdo de derogación del Cànyoles no implica la desclasificación, recordó que en 2012 ya se declaró la caducidad del PAI y afeó al consistorio que «reduzca la dimensión del problema», alargando a su juicio la agonía y poniendo trabas.
