El exalcalde de Benicolet, Mateo Prats, comparecerá de nuevo el próximo lunes ante el juzgado de instrucción nº 2 de Ontinyent, junto al exregidor de Urbanismo de la localidad, José Manuel Boscá. Ambos han sido citados en calidad de imputados por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. La notificación se produce después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir la causa iniciada a raíz de la querella presentada por otro exconcejal, el empresario José Santamaría, que denuncia la «permisividad» mostrada por el ayuntamiento en los últimos años frente a la proliferación de decenas de construcciones ilegales asentadas en suelo no urbanizable de Benicolet. Entre la demanda inicial y una posterior ampliación admitida a trámite, el querellante cifra en alrededor de 80 las edificaciones de todo tipo que se hallan fuera de ordenación, al margen del PGOU, incluyendo viviendas, almacenes y naves.
Prats y Boscá ya declararon como imputados por los mismos hechos y ante el mismo juzgado en 2013, junto a otros regidores de la corporación entre 2007 y 2015 y el exsecretario municipal. En 2014, la jueza acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias del procedimiento y exculpó a los acusados al no ver indicios suficientes de delito, una visión compartida por la Fiscalía. Sin embargo, el querellante recurrió el auto y la Audiencia le dio la razón e instó a continuar las diligencias de investigación. El tribunal también dio luz verde a una prueba pericial consistente en revisar de primera mano las edificaciones señaladas, algunas vinculadas a familiares directos e incluso a miembros de anteriores gobiernos municipales.
La magistrada titular del juzgado nº2 de Ontinyent, Juana María Gómez, ha pedido al denunciante que concrete las edificaciones objeto de pericia a la vista de la información facilitada por el Seprona, el ayuntamiento y la conselleria. La investigación trata de esclarecer si los máximos responsables del Ayuntamiento de Benicolet durante los últimos 8 años dejaban dormir los expedientes de restauración urbanística iniciados a raíz de las denuncias interpuestas por vecinos y organismos para evitar sancionar a los propietarios. Los magistrados de la Audiencia justificaron la reapertura del caso apelando a a «la absoluta inejecución de las resoluciones dictadas», advirtiendo tras esta conducta la posible intención de dar una «apariencia de actividad administrativa» que en realidad ocultaría «la voluntad de omitir la persecución de las ilegalidades urbanísticas».
«Sospechosa relación personal»
La Audiencia cree que las pesquisas han de continuar por diversas razones: el elevado número de edificaciones ilegales constatadas con informes oficiales, la «sospechosa relación personal» de los titulares de algunas de ellas con los querellados o la «inexplicable pasividad mostrada» por el consistorio cuando tuvo conocimiento de las ilegalidades, una circunstancia que, según el tribunal, «no podría justificarse ni siquiera por la carencia de medios para inspeccionar» de este pequeño municipio, como alegan los demandados.
La defensa de los imputados ha consistido en defender que abrieron los expedientes oportunos cada vez que la corporación tuvo constancia de una denuncia y que no otorgaron licencias de obra nueva en suelo no urbanizable durante su etapa de gobierno.
