Cuatro años después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara el programa de actuación integrada (PAI) del sector residencial sureste, el Ayuntamiento de Alfarrasí ha presentado a los propietarios con terrenos en la urbanización „cerca de una veintena„ un modificado del proyecto de reparcelación forzosa que reduce el ámbito de actuación y, en consonancia, el importe de las cargas urbanísticas que han de satisfacer a las arcas municipales los afectados, a quienes la corporación se ha comprometido a devolver las cantidades que, en algunos casos, abonaron de más hace años.
En 2013, el consistorio asumió la gestión directa del PAI „adjudicado en 2009„ y reformuló la programación del sector a raíz de las denuncias de diversos titulares de suelo, motivadas por las múltiples anomalías del proyecto, que incumplía el planeamiento urbanístico municipal (PGOU) y excedía la superficie de edificación permitida. La justicia les dio la razón y el ayuntamento tuvo que tramitar una modificación puntual del Plan General que alteró la ordenación pormenorizada del área en lo concerniente a la polémica supresión de un vial peatonal.
El caso terminó recalando en el Tribunal Supremo. Sin embargo, poco antes de las elecciones de 2015, el consistorio alcanzó acuerdos extrajudiciales con los denunciantes y aceptó la reducción de las cuotas de urbanización repercutibles a todos los propietarios por importe de 57.762 euros. La corporación también pactó indemnizar al inicial urbanizador del PAI „apartado del programa tras la sentencia del TSJ„ por el coste de las obras ejecutadas. Tras la modificación del proyecto de reparcelación, la liquidación arroja un saldo de 110.000 euros pendiente de abonar. En su condición de agente urbanizador, los gastos se incrementan para el Ayuntamiento de Alfarrasí. El desarrollo del sector sureste „de 15.000 m2„se aprobó en 2009 por un importe de 557.319 euros, pero los cambios introducidos durante el proceso han elevado el coste global de la actuación a 719.562 euros. El alcalde de Alfarrasí, Federico Vidal, reunió a los propietarios hace unos días para detallar el nuevo reparto de cargas y aclarar dudas.
Las notificaciones, que en algunos casos resultan a devolver a los vecinos, comenzarán a llegar a las casas esta semana. Los afectados tienen 45 días para alegar. Vidal señala que la intención del consistorio es «facilitar» al máximo los trámites. Fuentes municipales atribuyen a la falta de información de la anterior corporación la demora que arrastra el procedimiento, que a su vez ha generado inquietud entre los afectados. Una vez autorizado el acuerdo, el alcalde confía en poder desatascar de una vez el PAI y dar carpetazo a la actuación.
El consistorio paga el vandalismo
En otra reunión la semana pasada, el alcalde anunció a los vecinos que el ayuntamiento va a asumir el coste de los destrozos ocasionados por los vándalos que asaltaron el cementerio municipal hace dos meses, cifrado en unos 1.000 euros. El seguro declinó satisfacer los desperfectos, puesto que se trata de bienes particulares, no municipales. Unos individuos que aún no han sido identificados destrozaron una decena de lápidas.
