El agente urbanizador del PAI Sector Sur ha reclamado al Ayuntamiento de Vallés 172.000 euros por los gastos de tramitación del plan urbanístico, paralizado como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La cantidad prácticamente multiplica por dos el presupuesto anual del consistorio, de 93.000 euros en 2016. El PAI se aprobó inicialmente en 2005 y proyectaba urbanizar casi la misma superficie de suelo que ocupa el núcleo urbano de Vallés „3,36 hectáreas„, abriendo la puerta a edificar casi un centenar de viviendas y a duplicar la población actual, de 145 vecinos. Las obras nunca llegaron a iniciarse y ni siquiera se diseñó la reparcelación.
Bajo el mandato del exalcalde José Luis Herrero, del PP, el equipo de gobierno firmó en 2013 un convenio con el agente urbanístico, Grup Llar Gestió Urbanística, SL, para cancelar el PAI de mutuo acuerdo. El documento echa la culpa del naufragio del programa «a la situación de crisis económica sobrevenida» y reconoce el derecho de la empresa radicada en l´Alcúdia de percibir una serie de facturas correspondientes a los proyectos y documentos redactados y costeados por la mercantil.
El ejecutivo de Herrero justificó esta decisión alegando que los citados trámites resultaban «útiles y necesarios» para el ayuntamiento con vistas a retomar el PAI en un futuro, bajo la modalidad de la gestión directa. El texto subrayó que el interés público de la actuación seguía vigente y abogó por adaptarla a la actual coyuntura y por desarrollarla en función de la demanda de suelo edificable existente, aunque con el consistorio como agente urbanizador.
Medio año después de acceder a la alcaldía, en diciembre, el socialista José Javier Sisternes recibió un escrito a través del cual la empresa Grup Llar, SL demandaba el cobro de los derechos adquiridos a raíz del convenio de 2013. Sisternes ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia, puesto que el alcalde considera la cantidad «inasumible» ahora mismo para las maltrechas arcas municipales. Entre las opciones que están siendo examinadas se encuentra la posibilidad de revertir el acuerdo plenario de la anterior corporación que motivó el reconocimiento de la deuda. Mientras tanto, los importes de las facturas están siendo revisados y se estudia si cabe imputar al constructor las causas de la paralización del PAI por el incumplimiento del proyecto adjudicado, una cuestión desechada por la anterior corporación.
Cargas sobre los propietarios
Si ninguna de estas salidas fructifica, el ayuntamiento se vería obligado a girar las cuotas urbanísticas correspondientes a los propietarios del sector Sur, circunstancia que en estos momentos no es plato de buen gusto ni para el equipo de gobierno ni para los afectados. El convenio de 2013 daba un plazo de un año para iniciar el nuevo PAI por gestión directa antes de liquidar las cuotas y pagar a la empresa. En caso contrario, el consistorio se comprometía a asumir los 172.000 euros con fondos propios en un máximo de 4 años.
