Firme defensor del sistema público de enseñanza , Virgilio Perona no duda en calificar de «acoso laboral» el calvario iniciado cuando la Conselleria de Educación le abrió el expediente. Durante los 20 años en los que ocupó la dirección del CEIP Eduardo López Palop de Enguera, el centro llegó a ser un referente, acumuló galardones y fue pionero en la introducción de técnicas de innovación pedagógica, como las pizarras digitales. Cuando el directivo quiso renovar su último mandato, sin embargo, comenzaron a lloverle los problemas. «Pasaron de felicitarme por mi gestión a proponer mi traslado a Xàtiva, pero me negué», asegura a Levante-EMV. Perona sostiene que el modelo propio implantado en el colegio incomodaba a los responsables de la política educativa y a los del ayuntamiento porque «rompía con el modelo del PP». Este sistema dotó de una autonomía financiera al centro mediante la constitución de la AMPA como una empresa dedicada a la prestación de servicios —de la gestión íntegra de la cocina y el comedor a las clases extraescolares o el transporte— cuyos beneficios se reinvertían en mejorar el funcionamiento y la infraestructura.
Además de la autogestión económica, Perona asegura que todas las decisiones se tomaban de forma colegiada, en consenso con los diferentes estamentos. «Me cortaron la cabeza para romper con ese modelo», observa. Tras su salida, Educación nombró a dedo a una docente sin experiencia, hija de un concejal del PP, con el rechazo del Consejo Escolar. La elección fue impugnada por varios docentes del centro a los que no se les permitió acceder al puesto y, finalmente, el TSJ la anuló, 4 años después. Durante ese periodo de transición, el colegio se llenó de personal en comisión de servicios que avaló todas las decisiones de la dirección, actualmente ocupada por otra docente, exconcejal del PP de Enguera, que sí accedió con un proyecto bajo el brazo y mediante un concurso de méritos.
Perona lamenta la lentitud de la justicia, que ha fallado a su favor seis años después de ser castigado. «Ahora nadie puede responder por el daño personal, profesional y psíquico que me causaron. ¿Quién me lo va a resarcir?», denuncia. «Lo único que espero —apostilla— es que la sentencia sirva de aprendizaje para que otros sigan luchando por un modelo público de excelencia».
