El Ayuntamiento de Xàtiva ha remitido a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura un informe jurídico que pone en tela de juicio el proceso de desafectación de una parcela de 2.285 m2 de dominio público en la Costa del Castell enajenada en beneficio de la mercantil Inelcom, propietaria del hotel Montsant. La cesión fue autorizada a comienzos de 2015 por la exconsellera Mª José Catalá, con la aquiescencia de la corporación municipal, entonces presidida por Alfonso Rus.
En febrero, los tres partidos que ahora integran el gobierno municipal (PSPV, Compromís y EU) acordaron en el pleno iniciar una revisión del procedimiento, que afecta a unos terrenos en la subida del castillo, lindantes con la superficie del hotel. El consistorio pidió a la Generalitat una copia íntegra del expediente administrativo de la operación, que quedó atada en la última junta de gobierno de Rus como alcalde. Sin embargo, el envío de la documentación se ha demorado más de la cuenta, circunstancia que las fuentes consultadas atribuyen al atasco burocrático que sufre el área autonómica de Patrimonio. Hasta mayo, el ayuntamiento no ha tenido en su poder el expediente. Dada la tardanza, la regidora de Urbanismo, Cristina Suñer, encargó un informe al vicesecretario municipal para sondear un primer punto de vista sobre las opciones existentes de revertir la situación de la finca.
El documento arroja dudas legales sobre la enajenación de una superficie de dominio público que no constituye una parcela independiente, sino que forma parte del conjunto histórico-artístico del Castell, una zona de alto valor patrimonial protegida por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). «La desafectación no estaba justificada. Si se tratara de una parcela pequeña que no forma parte del entorno y no tuviera valor patrimonial y público, tendría sentido, pero el terreno segregado forma parte de un todo y tiene el mismo valor y cumple el mismo papel que el resto del conjunto», explica Suñer, que ve suficientes razones para que la Generalitat anule la polémica cesión.
De momento, la edila ha remitido por correo electrónico el informe municipal al jefe de servicio de la dirección de Patrimonio con la intención de que los técnicos del departamento autonómico emitan un análisis jurídico del asunto con más profundidad. Según la regidora, un primer contacto con la consellera ha permitido vislumbrar «un criterio compartido» con el consistorio sobre el asunto. Aunque el expediente aún está siendo examinado, Suñer ha advertido de que la venta de la parcela propiedad de la Generalitat a la mercantil Inelcom no llegó a formalizarse, una noticia que da «mucha tranquilidad», según Suñer, porque facilitaría la reversión del acuerdo de desafectación, al no mediar un contrato de compraventa con la empresa.
La transacción no se cerró de forma definitiva, al parecer por las cautelas expresadas por los letrados de la administración autonómica, que pidieron un convenio que no llegó a firmarse. En cualquier caso, los técnicos municipales preparan otro informe en base al cual el ayuntamiento pedirá a la conselleria que inicie un procedimiento de revisión de oficio de la calificación de la finca para que retorne a su condición de bien público. «Tenemos muchas posibilidades de recuperar la parcela», asegura la edila, que observa un «vicio de nulidad» en el proceso.
Reafectación del terreno
El trayecto se antoja largo y complejo. La corporación tendría que dirigirse en última instancia a la Conselleria de Hacienda, propietaria de los bienes de la Generalitat, para reafectar el terreno. El consistorio y el gobierno autonómico llegaron a sellar la reducción del conjunto histórico del castillo para descontar la superficie enajenada a petición de Inelcom. Iniciativa pel Centre Històric de Xàtiva recordó que el BIC del Castell es «inalienable e imprescriptible» y ha pedido «responsabilidades» por las anomalías de la operación.
Inelcom solicitó la desafectación de la parcela contigua a su propiedad alegando problemas con los lindes y por razones de seguridad. Para la edila de Urbanismo, lo lógico hubiera sido iniciar un expediente de delimitación para aclarar los límites entre el dominio público y el privado. El proceso, sin embargo, hubiera sido más largo. Con anterioridad, la empresa tuvo que retirar unos cipreses plantados para impedir el acceso de intrusos a la superficie del hotel, puesto que invadían superficie pública.
