El juzgado de lo contencioso nº7 de Valencia ha estimado la demanda formulada por la portavoz del PP de la Font de la Figurea, Mª José Penadés, y ha anulado el decreto de alcaldía que asignó a la regidora no adscrita expulsada de Ciudadanos (C's) Purificación Lluch la delegación del área de Seguridad Ciudadana.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, ordena al ayuntamiento que cuantifique las retribuciones e indemnizaciones económicas «indebidamente satisfechas» a la edil y que le exija su devolución. El fallo, además, impone las costas del proceso judicial al consistorio.
La resolución se suma a otra sentencia del juzgado nº1 que en mayo —como contó este diario—también dio la razón al PP y tumbó el nombramiento de la tránsfuga como primera teniente de alcalde y regidora delegada de Promoción Económica, Turismo, Sanidad y Tráfico. El gobierno municipal de la Font (PSPV-Compromís) recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y ahora estudia hacer lo propio con esta última.
La jueza Mª Jesús Guijarro invoca la jurisprudencia antitransfuguismo para concluir que la edil fue beneficiada con mas derechos económicos y políticos de los que hubiera obtenido si hubiera acatado la disciplina del partido con el que concurrió a las elecciones (C's) y no hubiera resultado clave con su apoyo para la investidura del actual alcalde, Vicent Muñoz (Compromís). El PP censura que, desde esa decisión, la edil ha recibido «un trato preferencial», al acumular cargos políticos de relevancia en el consistorio y una retribución de 500 euros mensuales por su dedicación a tiempo parcial y sus funciones como tesorera. En cambio, la defensa del consistorio sostuvo en sede judicial que la resolución impugnada es «conforme a derecho» y mantuvo que Purificación Lluch «nada percibe por la delegación del área de Seguridad».
«La ley no permite vender alcaldías»
El grupo municipal del PP ha «recibido y celebrado con satisfacción» la sentencia «por ser favorable para los intereses del pueblo», segun expone su portavoz, Mª José Penadés. «La ley es clara y no permite estas ventas de alcaldías», afirma la edil. Los populares arremeten contra el ejecutivo por el elevado coste que está suponiendo la defensa judicial de la tránsfuga para el ayuntamiento, que cifran en «más de 30.000 euros» pagados «con los impuestos de los vecinos». Penadés pide que estos gastos «los paguen Muñoz y Lluch de su bolsillo» porque con ese importe «podrían hacer muchas cosas de interés real para la gente de la Font».
