A golpe de sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV) ha desbaratado las previsiones de gasto del Ministerio de Fomento para costear las expropiaciones derivadas de las obras del AVE que, desde 2009, se desarrollan de manera intermitente en la Costera. Los pronunciamientos firmes dictados en lo que va de año han resultado favorables a los propietarios de terrenos ocupados que recurrieron las indemnizaciones iniciales.
Tres de estas resoluciones anulan el justiprecio que en 2014 estableció el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa por los trabajos ejecutados en término de Moixent y cuadruplican el valor del suelo determinado por el órgano estatal dentro del proyecto del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, en el tramo que parte de Nudo de la Encina.
El criterio quedó definido en una resolución judicial emitida en enero que situó en 54,2 euros por metro cuadrado el valor del suelo en una zona urbana industrial no desarrollada en el planeamiento de la localidad. Inicialmente, Fomento había tasado los terrenos en 13,73 euros/m2. Con posterioridad, el Jurado de la Expropiación elevó la valoración a 14,83 ?/m2, clasificando el suelo como rural con un aprovechamiento de secano. El TSJ ha dado validez a un informe pericial aportado por los propietarios de la finca que valora el suelo en 54,2 ?/m2 y corrige su catalogación, definiéndola como urbanizable de uso industrial.
El último fallo dictado a tenor de esta apreciación obliga al Estado a pagar a los vecinos demandantes 52.211 euros, un 469% más de lo estipulado en un principio. La cifra se verá engrosada por los intereses de demora a contar desde los 6 meses posteriores a la declaración de urgencia de la ocupación, así como por las costas del proceso judicial, impuestas a la administración estatal. El mismo criterio se ha aplicado desde principios de 2016 a otras dos familias en la misma situación, con terrenos en el PAI Sant Cristòfol de Moixent. En mayo, un matrimonio vio incrementada su indemnización de 21.231 a 60.401 euros. Otro propietario al que le expropiaron 931 m2 y le destruyeron un almacén de aperos durante las obras ha de ser compensado con 67.625 euros.
Pero la sentencia que, en lo que va de año, más ha incrementado el valor inicial de las expropiaciones se dictó en febrero a instancias de un propietario agrícola de l'Alcúdia de Crespins. La administración le ofreció 3.000 euros por la ocupación de dos fincas urbanizables en suelo rural que sumaban unos 230 m2 de aprovechamiento de frutales en regadío. El jurado de la expropiación valoró el suelo en 1,07 ?/m2 en función del precio de mercado de la cosecha destruida.
Justiprecio «arbitrario»
El propietario denunció que la fijación del justiprecio fue arbitraria en cuanto a la valoración del suelo y la superficie de afección calculada, alegando que, al existir un chalé y varias viviendas en las inmediaciones, los terrenos debían ser tenidos en cuenta como «urbanos por comparación». El recurrente demostró con un informe pericial que, en realidad, la superficie expropiada había ascendido a 370 m2 y, estimando sus argumentos, el TSJ elevó a 75,18 ?/m2 el justiprecio. La indemnización, prevista inicialmente en 3.000 euros, ha pasado a costar 30.000 ?.
Desde 2012, otras resoluciones judiciales firmes han multiplicado por siete el coste para Fomento de las ocupaciones de suelo en otros municipios como la Font de la Figuera o Vallada. Los trabajos, que arrastran un enorme retraso, mantienen interrumpida la línea de cercanías Moixent-l'Alcúdia de Crespins desde hace seis años. Ahora, Adif ha iniciado el proceso expropiatorio de 9.000 m2 en Moixent y la Font para avanzar en el montaje de la nueva vía de ancho ibérico, que desviará todo el tráfico de viajeros y mercancías. En una segunda fase, se adecuará la actual plataforma para el tráfico de viajeros de alta velocidad en doble vía de ancho internacional, lo que posibilitará la conexión de Valencia con Alicante, Murcia y Albacete en AVE a partir de 2018.
