9 de mayo de 2015. La rotura de una tubería municipal inunda el garaje de un edificio de la Avenida Barxeta. La comunidad de propietarios pasa la factura de los daños al Ayuntamiento de Xàtiva, que acepta abonar a los vecinos 3.625 euros después de examinar los informes de la Policía, los técnicos del servicio de agua potable y la aseguradora. Como ésta, a lo largo de 2016 la junta de gobierno local ha resuelto 35 reclamaciones por responsabilidad patrimonial presentadas por vecinos que piden ser indemnizados al haber sido víctimas del mal funcionamiento de los servicios públicos.
La cantidad de solicitudes atendidas ha obligado al consistorio prácticamente a duplicar la partida para atender estos gastos en el presupuesto de 2017. En las cuentas de este ejercicio se consignaban 30.000 euros y, para el año que viene, se prevén 50.000 euros. A preguntas de este diario, el regidor de Servicios Públicos y Hacienda, Ignacio Reig, atribuye el incremento al «enorme atasco» de reclamaciones de años anteriores que llevaban «mucho tiempo» pendientes de resolver y a que se están solventando «muchas más» peticiones. El consistorio se ha quedado, antes de acabar el año, «sin presupuesto» para atender las indemnizaciones estimadas con informes favorables de pago.
A lo largo de este año se han aceptado 16 de las 35 reclamaciones que han pasado por la junta de gobierno por un importe próximo a los 23.000 euros, más que en 2015. La cuantía de mayor importe le corresponde a una vecina a la que se le cayó un árbol encima mientras se encontraba en una mesa exterior de una cafetería de la calle Poetes Setabenses. La administración le abonó 5.000 euros. Junto a ésta, se contabilizan 4 reclamaciones más relacionadas con desprendimientos de ramas que causaron daños en coches estacionados en la vía pública, aunque las más numerosas son las caídas de peatones por desperfectos en la calzada y las inundaciones en bajos por fugas de agua en la red.
La mayoría se rechazan
La queja que menor importe ha supuesto para las arcas municipales parte de una alumna del conservatorio Lluís Milà que se rompió una zapatilla mientras subía la escalera del centro. Aunque la aseguradora del consistorio no vio probada la negligencia municipal, el personal del conservatorio acreditó los hechos y el mal estado de la madera de la escalera, por lo que la junta de gobierno acordó el pago de 50 euros. En cualquier caso, la mayoría de las reclamaciones son desestimadas. El 17 de octubre, el ejecutivo declinó indemnizar a un motorista que en 2015 se estampó contra el pilón de acceso al casco antiguo por el Portal del Lleó después de que las grabaciones de las cámaras demostraran que se saltó el semáforo rojo.
