Las sospechas se han acabado convirtiendo en certeza y Alzira perderá el juzgado de lo penal número 15. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió el pasado 1 de diciembre y decidió que la mencionada sala volviera de forma permanente a Valencia, dejando sin efecto su constitución en la capital de la Ribera Alta. Mientras, el proyecto del Palau de Justícia rescatado por el Consell tras veinte años en el olvido sigue siendo poco más que promesa, por lo que deja a la localidad huérfana de dicha sede judicial a expensas de que el nuevo complejo se construya en el futuro.
El Colegio de Abogados de Alzira andaba en lo cierto cuando, hace poco más de un mes, llamaba a las movilizaciones en el sector temiéndose el «inminente» traslado de la sede de lo penal alcireña. Ese temor se ha confirmado y la sala número 15 volverá nuevamente a Valencia, con lo que ello implica no sólo a la comarca sino también a otras áreas, ya que estas dependencias atienden igualmente a las comarcas de Xàtiva y Ontinyent.
La decisión del Consejo General del Poder Judicial es firme y Alzira perderá la sala de lo penal pese a la presión ejercida por el colectivo de abogados y por el propio ayuntamiento para que este traslado no se materializara. El destino que le espera al juzgado de Alzira no es extrapolable al que le espera a las dependencias de las salas 17 y 18 de Paterna y Torrent, respectivamente, que sí mantendrán su sede, según la resolución adoptada por el CGPJ.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al visitar la capital ribereña en septiembre, ya explicó que, en el mes de agosto, recibió una comunicación de la comisión permanente que anunciaba a la Generalitat el inicio del expediente para valorar si los juzgados de lo penal regresaban o no a Valencia. Eso significaba, a su vez, que el traslado de la sala al edificio de la Parrilla, tal y como estaba previsto desde junio, quedaba paralizado hasta la resolución del máximo organismo judicial.
Fue entonces cuando la consellera anunció, además, la intención de recuperar el proyecto del Palau de Justícia para Alzira, lo que pondría fin a la situación actual marcada por la dispersión de los juzgados alcireños, divididos en tres edificios. Unas días después, las sospechas del traslado definitivo se hacían presentes entre los abogados alcireños y decidieron movilizarse.
Consciente de que el proyecto del Palau es más una idea que un plan definido, el alcalde insistió hace algo más de un mes en que no tenía sentido suprimir el juzgado, ofreciendo nuevamente una sede temporal en el edificio de la Parrilla, con una inversión de apenas 6.500 euros por parte de la conselleria que encabeza Gabriela Bravo.
Consecuencias para el usuario
El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Antonio Llácer, ha alertado reiteradamente sobre los riesgos del traslado del juzgado: aleja a laJusticia del pueblo, por lo que repercute en un perjuicio directo en el ciudadano y a la propia administración local. No en balde, cuando se haga efectivo el traslado, tanto los vecinos de la comarca como los letrados y las fuerzas de seguridad se tendrán que desplazar hasta Valencia bien sea para prestar declaración o entregar informes con los costes que eso implica tanto al usuario como a las arcas públicas.
Siguiendo esa misma línea argumental, Llácer aduce que el traslado se debe a una cuestión «claramente económica para la conselleria y de empecinamiento por centralizar los juzgados por parte de la presidenta del TSJ, por su comodidad, sin entrar a valorar las trágicas consecuencias que esta decisión tendrá para los usuarios de las tres partidas».
