Una sentencia ha condenado al Ayuntamiento de Castelló de Rugat a pagar 352.516 euros por los terrenos de la industria abandonada de pavimentos Baldosín Boronat. El fallo ha caído como una losa sobre la administración local, que está negociando con los propietarios una fórmula para cumplir con la resolución judicial sin que ello implique un quebranto en la tesorería municipal. El importe que ha de abonar el consistorio, el segundo que más deuda por habitante acumula de la Vall d'Albaida, representa aproximadamente el 20% del presupuesto total de un año.
Los dueños de las naves Boronat acudieron al Jurado Provincial de la Expropiación Forzosa para ser indemnizados por la pérdida de una extensa superfície ubicada en una antigua área industrial muy emblemática, junto a la Bassa de la Font y el antiguo lavadero, que el planeamiento urbanístico municipal de 2005 reordena como zona verde dotacional. Una vez examinada la hoja de aprecio, en 2012 el jurado dictó un justiprecio por el valor de las fincas, pero el consistorio y los hermanos titulares mostraron su disconformidad con la resolución y se enfrascaron en una batalla judicial.
En abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso interpuesto por el ayuntamiento y cifró el coste de la expropiación en 352.516 euros, después de encargar una prueba pericial independiente. Ese informe calcula en 248.736 euros el valor del suelo, una cifra a la que debe sumarse el precio de la edificación industrial en pie y de los dos bienes de relevancia local de la antigua fábrica que el consistorio tiene la obligación de conservar: una antigua chimenea industrial y dos hornos de arcilla.
Los propietarios de las instalaciones defendieron en los juzgados que la tasación del inmueble y de los terrenos ascendía a 1 millón de euros. El ayuntamiento, en cambio, se opuso en todo momento a la expropiación, apelando a una serie de defectos de forma durante el procedimiento administrativo. La defensa municipal sostuvo que el justiprecio fijado por el Jurado era superior al precio de mercado y no se correspondía con la realidad del sector inmobiliario, a tiempo que hizo hincapié en la precariedad de las naves de cerámica y su carácter obsoleto, que obligan a su demolición. Por ello, el consistorio pidió que se descontara del justiprecio el coste de las obras de derribo y el de la retirada y la gestión de los materiales de fibrocemento del complejo fabril, cuyo exgerente fue condenado en 2010 por la muerte de un trabajador.
Alternativas exploradas
El equipo de gobierno de Castelló de Rugat está intentando llegar a un acuerdo con los propietarios por la expropiación, ofreciendo una permuta de terrenos u otras compensaciones menos gravosas, aunque de momento las alternativas no han prosperado.
Aunque el PGOU data de 2005, desde el equipo de gobierno recalcan que el caso terminó en los tribunales porque la anterior corporación no llegó a un acuerdo extrajudicial en la legislatura pasada. Fuentes municipales advierten de que no existe disponibilidad presupuestaria para atender al pago reclamado y temen que haya que recortar partidas básicas de gasto en 2018 en caso de tener que afrontarlo de golpe. A 1 de enero de 2017, el pasivo municipal ascendía a más de 1.000 euros por habitante y el Ministerio de Hacienda no deja margen a Castelló de Rugat para endeudarse más.
