Un mes después de que la concesionaria de la basura de la Vall d´Albaida lanzara un ultimátum invocando su derecho a suspender el servicio de recogida en los municipios de la comarca a raíz de la abultada deuda que arrastra la Mancomunitat, la institución y la empresa todavía no han alcanzado un acuerdo.
Aunque ahora mismo la amenaza no se contempla a corto plazo, en el seno de Recisa no ocultan el malestar por la «gravedad de la situación» y el «mal clima de trabajo» instalado. El 28 de junio, la firma denunció el impago de más de 200 facturas pendientes que suman 1,56 millones. Algunas se remontan hace 8 meses. La respuesta a las demandas de la concesionaria llegó el pasado jueves. En otro escrito, la Mancomunitat fía la solución definitiva del conflicto al cobro de la indemnización que ha de abonar el Consorcio de Residuos V5 (COR) por los sobrecostes derivados del incumplimiento de la puesta en marcha de la estación de transferencia de El Palomar en 2014, cuando el citado organismo asumió el tratamiento de las 30.000 toneladas de basura de la Vall d´Albaida.
A la espera de que reabra Bufali, la empresa sufre importantes perjuicios económicos por la obligación de desplazarse a diario a la planta de Ròtova, no contemplada en el plan de gestión. Recisa calcula un agujero anual de 300.000 euros, mientras que los técnicos del COR rebajan la cuantía a 81.500 euros. Las conversaciones entre este organismo y la Mancomunitat para resolver las discrepancias y determinar la cantidad a la que debe ascender la compensación están bloqueadas y se eternizan en el tiempo, a la espera de un dictamen solicitado al Consell Jurídic Consultiu que permita salir de dudas. Mientras tanto, la Mancomunitat propone una vía provisional que pasa por el reconocimiento de la deuda con Recisa y por el aplazamiento estructurado de la misma a largo plazo mediante un convenio de pago, a partir de cuya firma el organismo se compromete a saldar las facturas dentro del plazo que marca la Ley de Contratos. Con independencia de estos planteamientos, la Mancomunitat ha solicitado al BBVA-Banco Bilbao Vizkaya una operación de tesorería por un importe de 900.000 euros: el techo máximo permitido por la ley de Haciendas Locales para el ente. La Mancomunitat prevé amortizar el préstamo con la indemnización por responsabilidad patrimonial que perciba del COR y con los pagos mensuales que el Ayuntamiento de Albaida transfiere al órgano comarcal en cumplimiento del aplazamiento fraccionado de su deuda, que asciende a 1,6 millones y es otra de las razones que explican la crisis de la basura.
Por otra parte, la Mancomunitat propone a Recisa dos medidas adicionales para paliar la situación: una operación de confiming de la deuda de los ayuntamientos por valor de 250.000 euros y una operación financiera basada en la cesión del pasivo del consistorio de Albaida, a cancelar con los importes mensuales derivados del fraccionamiento del mismo. Todas estas acciones se encuentran en fase de estudio por parte de los responsables del BBVA.
Pero la dirección de Recisa considera insuficiente el escrito de la Mancomunitat, puesto que «nada diferente aporta lo que está obligada a realizar por mandato legal». Además, las fuentes consultadas lamentan la indefinición del breve documento, puesto que no aclara las condiciones de aplazamiento de la deuda: no fija ni cuantía, ni plazos, ni tipos de interés. Por ello, la empresa teme que se trate de «excusas de mal pagador» para dilatar el pago de la deuda y está preparando una contestación.
Discrepancias en la facturación
Otro punto no menor en el que también discrepan Recisa y la Mancomunitat son los números. Según los técnicos de la administración, los pagos efectuados mediante confirming en el primer semestre de 2017 superan la facturación de la firma, con lo que, sostienen, en este periodo se ha reducido la deuda. Pero Recisa advierte de «graves errores» en los cálculos de la Mancomunitat sobre el volumen facturado y abonado y se acoge al registro oficial de facturas del Ministerio de Hacienda para demostrarlo. La empresa niega que el pasivo se haya reducido y sitúa el flujo de tesorería en -129.790 euros este año. Además, señalan que el sistema de confirming ha generado un gasto adicional por tener que anticipar las facturas vencidas y no pagadas. La firma ha trasladado la problemática a los trabajadores, con quienes mantiene reuniones periódicas. Desde la Mancomunitat piden paciencia y reivindican su cruzada contra la morosidad de los ayuntamientos.
