El silencio administrativo le ha salido caro al Ayuntamiento de Alfarrasí. La magistrada del juzgado de lo contencioso nº1 de València, Mercedes Galotto, ha desestimado el recurso municipal contra el fallo que condenó al consistorio a abonar 24.000 euros en costas procesales (el 2% del presupuesto) por su «pasividad» a la hora de dar respuesta a las reclamaciones del expiloto mundialista de motos Jerónimo Vidal. El promotor obtuvo en 2007 los permisos de la anterior corporación del PP y de la Conselleria de Territorio para abrir el circuito de karts y minibikes «La Parà». Dos años después, sin embargo, la denuncia de un granjero colindante derivó en una orden judicial de cierre de la instalación.
El proceso ha ocasionado un notable perjuicio económico a Vidal, que, primero, solicitó al consistorio una indemnización por la vía administrativa al haber amparado las obras y le instó a anular las licencias concedidas para poder cumplir la sentencia del TSJ de 2009 que le abocaba a derribar el complejo. La falta de respuesta, sin embargo, le costó una sanción de conselleria por incumplir su obligación de restaurar los terrenos.
Es por eso por lo que acudió al contencioso. En 2016, el juzgado obligó a la corporación a anular las licencias del circuito y a iniciar un expediente para determinar la responsabilidad patrimonial generada a favor del promotor, que podría ascender a 239.354 euros. Las indebidas dilaciones para cumplir con la tramitación de los expedientes 7 años después de la clausura del circuito hizo que el importe de las costas se fijara en 24.000 euros. El consistorio impugnó la tasación a través de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia, alegando «arbitrariedad, irrazonabilidad y desproporción» del importe, considerado excesivo y erróneo. El letrado de la administración pidió que la cifra se rebajara a 3.267 euros en base a un informe del Colegio de Abogados. El recurso apuntaba a que el pueblo de Alfarrasí «es pequeño» y el pago de esas costas podía desembocar en «un grave quebranto económico que seguramente influirá en la prestación de determinado servicios públicos esenciales que van a tener que dejar de prestarse» (sic).
En un contundente auto dictado el pasado martes, sin embargo, la juez da carpetazo al caso y eleva a firme la tasación: «La administración no puede cuestionar ahora el contenido de la sentencia ni tampoco el decreto de fijación de la cuantía. Si no estaba conforme con su contenido [...] debió haber interpuesto un recurso de apelación contra la misma»,argumenta. La magistrada hace hincapié en que las resoluciones impugadas «son firmes y claras» y no procede revisar la cuantía de las costas porque «quedó perfectamente determinada en su día».
El abogado de Jero Vidal, O.M.V ve en los sucesivos recursos municipales intentos de retrasar el procedimiento judicial, en una muestra de «mala fe procesal» por parte del ayuntamiento, cuya defensa incluso llegó a descalificar al funcionario que fijó las costas. El letrado del promotor considera «falsaria y mendaz» la afirmación del quebranto económico ocasionado por el pago de la cantidad. En un escrito a la juez, éste incidió en que el presupuesto municipal de Alfarrasí (de 1.200 habitantes) asciende en 2017 a 937.000 euros. Además, sugiere que, para evitar recortar servicios básicos o un desfase excesivo en las cuentas y para esquivar posibles embargos llegado el caso, «los responsables políticos últimos de esta situación acaben asumiendo el pago de las costas», destinadas no al promotor, sino a sufragar los honorarios derivados del procedimiento judicial al que éste se vio abocado por la falta de respuesta del consistorio a sus requerimientos durante años.
En manos del Consell Jurídic
El alcalde de Alfarrasí, Federico Vidal (PSPV), asegura que el pago de la cuantía estipulada «ya está hecho». «Lo depositamos en el juzgado por si el recurso no prosperaba y también se ha consignado en el presupuesto», remarca. Vidal descarga en la anterior corporación la responsabilidad del litigio y señala que el equipo de gobierno «ha hecho todo lo posible para defender los intereses del pueblo». «Hemos cumplido porque nos han obligado judicialmente», apunta, poniendo el foco en el superávit de 122.949 euros de 2016. «Hemos trabajando mucho por si nos topábamos con este tipo de imprevistos heredados», apostilla.
Obligado por las resoluciones judiciales, el ayuntamiento inició este verano el expediente para anular las licencias de obra del circuito y está a expensas de que el Consell Jurídic Consultiu emita un dictamen para cuantificar la indemnización que le correspondería al expiloto. En el marco del expediente, la exalcaldesa del PP, Rosa Vidal, ha prestado testimonio para explicar su gestión del caso.
