El Levante UD se enfrenta a la mayor crisis institucional de los últimos años. Su eficiente gestión económica, su trayectoria deportiva y su prometedor crecimiento social han sufrido el atropello de las sospechas de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), con su nuevo presidente a la cabeza, Javier Tebas. En su punto de mira está el partido entre los azulgrana y el Deportivo de la Coruña -el pasado 13 de abril-, investigado ahora por un presunto amaño.
La LFP ha dado parte de sus indagaciones a la Fiscalía Anticorrupción para que también realice las pesquisas pertinentes, ya que desde la reforma 5/2010 del Código Penal en diciembre del año 2010, "predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales" se considera un delito. El artículo 286 bis. 4 señala que el directivo, administrador, empleado o colaborador de una entidad deportiva, deportistas, árbitros o jueces involucrados en este tipo de irregularidades sufrirán un castigo que va entre los seis meses y los cuatro años de cárcel, además de una inhabilitación de uno a seis años y multas económicas de hasta 5,48 millones de euros.
Por otra parte, el Código Disciplinario de la Real Federación del Fútbol Español (RFEF) contempla también sanciones de carácter deportivo en los casos de "predeterminación de resultados". El artículo 75 de este estatuto recoge en su primer punto que "toda conducta dirigida a la predeterminación de resultados, será considerada como infracción muy grave" y la sanción para los que "intervengan en acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular en un encuentro" será "la inhabilitación por tiempo de dos a cinco años, y se deducirán seis puntos de su clasificación a los clubes implicados, declarándose nulo el partido".
Así pues, si la LFP demuestra que la victoria de los coruñeses estaba prevista de antemano por los jugadores que participaron en el choque, el Levante perdería seis de los 40 puntos que ahora posee. Bajaría hasta la decimocuarta posición de la tabla, con 34 puntos, y se complicaría la permanencia en Primera. A falta de cinco jornadas para el final del campeonato, la fuerte tensión entre los futbolistas de la plantilla levantinista ha convertido el vestuario en ingobernable. Pocos de sus integrantes creen que el equipo pueda vencer alguno de los partidos que quedan por jugar.
Sin embargo, peor parado podría quedar el club gallego. La norma aclara en su tercer punto que "el club directamente beneficiado podrá ser sancionado con la pérdida de categoría, en el caso de que pueda demostrarse algún vínculo con los autores de la infracción". Además, respecto al dinero que haya podido circular para adulterar el marcador del duelo, "se procederá el decomiso de las cantidades si éstas se hubieren hecho efectivas".
Esas pueden ser la desastrosas consecuencias para el club de Orriols en el supuesto caso de que la Liga y la Fiscalía encuentren las pruebas suficientes para acusar formalmente al Levante UD y al Deportivo -o a algunos de sus empleados- por amañar aquel marcador de 0-4.
Javier Tebas, máximo dirigente de la LFP desde el pasado 26 de abril, ha reiterado en sus últimas comparecencias públicas que perseguirá cualquier amago de irregularidad en la competición y que castigará con dureza a los culpables, siempre que haya pruebas que demuestren la manipulación de los encuentros. Tebas se encuentra desde ayer en Miami (Estados Unidos), y ha declinado la posibilidad de hacer declaraciones. Fuentes de la LFP señalaron ayer a este periódico que el organismo que rige el fútbol español piensa mantener "la máxima discreción" en este asunto, puesto que no se quiere "entorpecer las actuaciones de la Fiscalía". El ministerio público puede convocar, si así lo considera oportuno, a cualquiera de los futbolistas de los dos clubes para que aporten su particular versión de los hechos.
La cúpula directiva del Levante UD mantiene su confianza en la inocencia de todos sus jugadores, pero la mayoría de los consejeros reconoce que existe un alto grado de preocupación. La imagen de la entidad, rehabilitada después de la presidencia de Pedro Villarroel, puede quedar manchada de nuevo, justo en el momento que se ultima la salida a la venta del 20% de las acciones del club.
El proyecto deportivo permanece en el aire
Uno de los conceptos más repetidos durante los últimos días en el entorno levantinista es el de "limpieza". A expensas de lo que determinen las investigaciones de la LFP y la Fiscalía, el ambiente del vestuario, donde la semilla de la desconfianza ha germinado entre los futbolistas, es irrespirable. Barkero y Ballesteros han solicitado al presidente dejar el equipo si no se resuelve la situación. Una muestra de que el proyecto deportivo de la temporada que viene está más en el aire que nunca. En primer lugar, la continuidad de Juan Ignacio Martínez, debilitado al no poder atajar el problema a tiempo, se complica. A su vez, jugadores como Lell han trasladado al club la intención de revisar su contrato al alza. Si se deniega su petición, el germano pedirá precio a su salida rumbo a la Bundesliga, aunque la cláusula del futbolista es de 6 millones de euros. Por su parte, la renovación de Munúa está prácticamente descartada.
