La falta de liquidez de la Generalitat valenciana como consecuencia de la menor recaudación fiscal y la falta de contención en el gasto corriente pasaron factura en 2010 al cumplimiento de los compromisos de la Administración autonómica con sus contratistas de obra pública y proveedores. A cierre del ejercicio, sólo había efectuado pagos por el 47,31% del total de las obras ejecutadas. Según los cuadros de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Economía relativos a la Comunitat Valenciana, el Consell ejecutó el año pasado el 89% de las inversiones reales previstas por importe de 674,9 millones de euros, pero sólo desembolsó pagos por importe de 319,3 millones de euros.

Fuentes de la Conselleria de Economía que dirige el vicepresidente económico, Gerardo Camps, explican que el resto de los cobros por parte de los contratistas se están efectuando a través del sistema de "confirming", un mecanismo financiero que permite a los acreedores recurrir a las entidades financieras para que les adelanten el dinero pendiente a cambio de un tipo de interés. Posteriormente, la Generalitat abona las cantidades al banco o caja intermediaria.

Este recursos para adelantar los plazos de cobro también los emplean los proveedores de servicios de la Generalitat. Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el Ejecutivo de Francisco Camps desbordó en un 10,45% el gasto corriente previsto inicialmente. De los 2.347 millones presupuestados se reconocieron obligaciones por valor de 2.592 millones de euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio sólo se habían atendido el pago del 69,19% de esta cantidades. Muchos proveedores han tenido que optar también por el sistema de "confirming" para cobrar.

Fuentes de la patronal de los contratistas valencianos, Fecoval, sostienen que los mecanismos financieros de cobro y los contactos de alto nivel están sirviendo para desatascar el grave problema de morosidad de la Administración autonómica. Los contratistas y los responsables de la Conselleria de Economía hace tiempo que mantienen reuniones técnicas de trabajo para buscar soluciones a los retrasos en los pagos. La nueva Ley de Morosidad genera problemas en cadena, porque los adjudicatarios de obras tienen que cumplir a su vez con los compromisos con subcontratistas.

Sin embargo, otras fuentes ligadas al mundo empresarial aseguran sostiene que "el 'confirming' no está funcionando del todo bien. Las entidades financieras cada vez aceptan menos operaciones y a precios más altos como consecuencia de sus propios problemas de liquidez. Además la banca ve como los fallidos e impagados no remiten. "Están desbordados por este tipo de situaciones y no quieren asumir más riesgos", explican las mismas fuentes.