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Los máximos responsables de la CAM siguen con su carrera contrarreloj para cerrar un acuerdo con un socio privado que evite que el Estado tome el control de la entidad. El elegido es el fondo norteamericano JC Flowers, conocido por sus agresivas inversiones en bancos en apuros, con el que ayer mantuvieron una nueva reunión el exdirector general de la caja, Roberto López Abad, y su sucesora y actual primera ejecutiva de la CAM, María Dolores Amorós.

En este sentido, si las conversaciones fructifican, el citado fondo aportará entre 600 y 800 millones, por los que recibirá alrededor del 20% del accionariado del banco al que la CAM va a traspasar todo su negocio financiero.

Así, según las fuentes consultadas, ya hay acuerdo sobre el precio y el gobierno corporativo pero la operación está a expensas de que el Banco de España dé su consentimiento, algo que parece complicado ante algunas de las condiciones del pacto. Así, por ejemplo, uno de los aspectos que se seguía negociando ayer era la posibilidad de establecer algún tipo de Esquema de Protección de Activos, que previniese al fondo de posibles pérdidas en la CAM en un futuro, un mecanismo que hasta ahora el supervisor sólo ha autorizado para las cajas intervenidas -Caja Castilla-La Mancha y Cajasur-, una situación en la que no está la alicantina. El diario Expansión aseguraba ayer que el colchón reclamado por el fondo asciende a unos 2.000 millones.

De hecho, la negativa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez a conceder anteriormente esa red de protección frente a pérdidas es lo que frenó la posible adquisición de la CAM por parte de alguno de los principales bancos y cajas españoles, como el Santander, el BBVA o el Sabadell.

Para que la operación con JC Flowers resultara completamente exitosa y el Estado tuviera sólo una participación minoritaria, la CAM también necesitaría que el Banco de España le reconociera su derecho a recibir su parte proporcional del FROB1 que se autorizó para Banco Base, la fallida unión con Cajastur. Esto aportaría a la caja 1.043 millones de euros que computarían para alcanzar los nuevos mínimos de solvencia fijados por el Gobierno, pero que no otorgarían al organismo público derechos políticos en la entidad, como sí ocurre con el denominado FROB2. Según los cálculos de los gestores de la caja, con el dinero del FROB1 y los recursos propios con los que ya cuenta, la CAM seguiría manteniendo más del 50% del accionariado; el citado fondo se quedaría con el 20% o algo más de los títulos; y el FROB2 sólo tendría que inyectar otros 1.000 millones de euros a cambio del resto de las acciones, entre el 25% y el 30%.