La amnistía fiscal decretada por el Gobierno comienza a tener sus efectos en la Comunitat Valenciana. Es la autonomía de España que aglutina el mayor número de expedientes fiscales desde el pasado 4 de junio, fecha en la que entró en vigor la medida que permite a los defraudadores blanquear dinero que escapa del control de Hacienda pagando sólo un 10 % del capital aflorado (para rentas superiores a 100.000 euros). El número de ciudadanos y pymes acogidas a esta medida se eleva a 115 en toda España, de los que 33 son de la C. Valenciana, es decir una cuarta parte, constata un informe al que tuvo acceso la cadena Ser y que según el Ministerio de Hacienda "no se puede confirmar ni desmentir", aseguraron a Levante-EMV fuentes de este departamento. La administración publica no ha desvelado la cantidad defraudada.

Según otras fuentes de Hacienda, el mayor volumen de dinero defraudado en el caso de la Comunitat Valencia procede de fortunas amasadas durante la etapa de boom inmobiliario. La medida del Ejecutivo se prolongará hasta el próximo 30 de octubre y pretende aflorar 25.000 millones de euros. Por tanto, espera recaudar 2.500 millones. Con todo, hasta la fecha no se han acogido las grandes empresas y patrimonios, ya que la dirección general de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria no ha recibido ninguna solicitud de esos colectivos. La autonomía que sigue a la valenciana en número de expedientes de blanqueo de capitales es Cataluña (19 casos), seguida por Madrid (15), Andalucía (10), Galicia (11) y Baleares (7).

En opinión del sindicato de técnicos de gestión del ministerio de Hacienda Gestha, las grandes corporaciones y fortunas no han accedido a esta aministía fiscal por temor a incurrir en posibles delitos penales. Aunque cuentan con el aval del Gobierno en vía administrativa y la sanción resulta escasa, los tribunales de justicia ordinarios podrían aflorar algunos hechos punibles a pesar da la amnistía fiscal del Ejecutivo. Así lo reconocen algunos despachos de abogados y asesores fiscales.

Mientras tanto, el PSOE presentó este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal por favorecer a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%, según el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. El PSOE también presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de la amnistía fiscal.