Bancaja Hábitat y Cisa, las dos firmas de la extinta caja valenciana que fueron reconvertidas, la primera como Bankia Hábitat, en matrices, respectivamente, del grupo inmobiliario de Bankia y del BFA, su sociedad holding, en la reestructuración que siguió a la creación de ambas tras la unión de siete cajas de ahorros en junio de 2010, llevó a cabo once operaciones que produjeron a la entidad un quebranto de 1.717 millones de euros, según el informe del Banco de España de julio de 2013 que el supervisor remitió a la Audiencia Nacional en junio de 2014 tras solicitarlo el juez Santiago Pedraz, instructor de la causa del Banco de Valencia.
Cabe consignar que esta última entidad estaba controlada en un 40 % de su capital por Bancaja y que en muchas operaciones, sobre todo inmobiliarias, ambos diluían riesgos a través de su participación conjunta. La mayor parte de las citadas operaciones son conocidas porque el instructor las está investigando después de las querellas presentadas por el FROB como administrador del banco. Las cantidades más elevadas corresponden a los grupos de los empresarios alicantinos Ramón Salvador y Enrique Ortiz, con 303 y 572 millones. En el caso de Royactura, por la que están imputados lo empresarios madrileños Tito-José Pajares San Román y José Antonio San Román Hurtado y el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, la cantidad es de 32 millones. El agujero causado por operaciones con el grupo Aedifica, al que Bankia propuso terminar el nuevo estadio del Valencia club de fútbol, asciende a 57 millones. También se incluyen las operaciones del grupo Grand Coral, referente a la compra de suelos en Cancún (México), con un quebranto de 246 millones. En el caso de Share Capital, una inversión de la familia del expresidente de las Corts, Juan Cotino, en Europa del Este, el quebranto fue de 164, a los que hay que añadir otros 52 del grupo Cotino en España. También se refiere al agujero ocasionado por la operación con el grupo Calabuig, que se cifra en 210 millones.
El informe del supervisor asegura que el grupo BFA-Bankia generó un conjunto de 380 sociedades inmobiliarias, «procedentes en su mayor parte de Bancaja». Una de ellas fue Fuentes de Chiva, que le supuso un quebranto de 71 millones. El agujero con la inmobiliaria Ferrobús fue de 9 millones y con Urbiland, de solo un millón. El informe asegura que el grupo BFA-Bankia puso todas estas operaciones «irregulares» en comunicación del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales. Asimismo, presentó tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por los casos Share Capital, Ferrobús y Fuentes de Chiva.
El Banco de España apunta que la revisión de las once operaciones revela «ausencia de racionalidad económica» en las mismas. Las conclusiones son en su mayoría conocidas por otros informes y las querellas incorporadas a la causa por el Banco de Valencia. Consisten, principalmente, «en compras de suelo, o de participaciones en sociedades cuyo activo son suelos, básicamente rústicos o urbanizables, en los que no era previsible que existieran expectativas de un desarrollo urbanístico que permitiera recuperar la inversión a corto o medio plazo». También dice que se formalizaron «durante la última fase del ciclo inmobiliario, cuando este ya mostraba signos evidentes de haber entrado en una profunda crisis» y que «las valoraciones efectuadas para fijar el precio a pagar se han basado en la hipótesis de desarrollo urbanístico terminado, lo que supone que al vendedor se le asegura un beneficio difícilmente realizable». En el caso concreto de Bancaja Hábitat, presidida por Ángel Villanueva, se denuncia que hubo operaciones en las que efectuó«un desembolso superior al autorizado», otras formalizadas sin que existiera valoración de los activos y alguna en la que el destino de los fondos no se corresponde con el señalado en la propuesta inicial.
