La instrucción del caso Banco de Valencia se complica por culpa de la escasez de medios en la administración de justicia. El instructor de este asunto, el titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se ha dirigido, a través de una providencia, a las partes implicadas en este caso, alertándoles de sus dificultades para avanzar en la investigación de ocho de las catorce piezas de que consta la instrucción por la negativa de varias instituciones públicas a designar dos peritos que tasen las propiedades inmobiliarias financiadas por el Banco de Valencia en distintas operaciones bajo sospecha, entre ellas una de las más emblemáticas, la conocida como Costa Bellver.
Desde noviembre de 2013, Pedraz se ha dirigido a la Agencia Tributaria, al Secretario de Estado de Hacienda, a la dirección general de Patrimonio y, por último, al FROB. Según informaba ayer la Cadena Ser, todos denegaron el nombramiento de los expertos, necesarios para demostrar la existencia del delito, con el argumento de que «no les afecta», según fuentes jurídicas citadas por la emisora de radio. La asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia Apabankval, promotora de la primera denuncia por el hundimiento de la entidad, aseguró ayer a este diario que en la citada providencia el juez plantea a las partes la posibilidad de nuevas diligencias. La respuesta de esta asociación, según su abogado, Diego Muñoz Cobo, será proponer a Pedraz que designe un perito independiente cuyo coste correría a cargo de Apabankval en la pieza de Costa Bellver. Aunque en su providencia no lo explicita, el magistrado, ante la ausencia de expertos y si no puede practicar nuevas diligencias, debería optar por varias alternativas, desde consultar al fiscal si hay materia suficiente para la apertura de juicio a archivar esas ocho causas, algunas de ellas denunciadas por el fondo público FROB.
La fianza de Blesa
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha rechazado dirigirse a la aseguradora Mapfre para preguntar si el seguro que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa tenía con la compañía puede cubrir la fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros que le impuso en el marco de la causa en la que se investiga el uso de las tarjetas opacas del fisco de los exconsejeros de la entidad. En un auto dictado ayer, Andreu rechaza un recurso presentado por Blesa y le aclara que «deberá ser él quien reclame» el cumplimiento de este seguro, por valor de 15 millones, pues el Juzgado no tiene la condición de perjudicado en la causa, que en todo caso correspondería a Bankia.
