Cruzada de las pymes alicantinas contra la corrupción y la economía sumergida. La junta directiva de Cepyme aprobó ayer la creación de un registro para que todas aquellas empresas y ciudadanos que conozcan la existencia de actividades ilícitas puedan denunciarlas de forma confidencial y será esta organización la responsable de trasladarla a los organismos pertinentes para su investigación. Y lo hace desde el convencimiento de que la corrupción y la actividad irregular se han convertido en el principal lastre para la recuperación económica, según explicó su presidente, Cristóbal Navarro, impulsor de esta iniciativa.
Para dar ejemplo de su oposición radical a cualquier tipo de ilegalidad, Navarro anunció ayer su dimisión de la directiva nacional de Cepyme ante el rechazo de la misma a iniciar acciones legales contra el expresidente de la confederación Jesús Terciado, que dimitió después de que se conociera que un juzgado madrileño lo investigaba por, supuestamente, realizar cobros irregulares a la organización a través de sus empresas.
La patronal de pymes alicantinas también ratificó ayer su decisión de presentar una denuncia ante la Fiscalía por lo que considera una «financiación ilegal» de Coepa por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por no haber ejecutado los préstamos que le concedió para la construcción de un centro de oficios y que se encuentran en situación de impago desde hace años. A pesar de ello, según Cepyme, el organismo público ni siquiera ha reclamado la deuda.
