El juzgado de Instrucción número 1 de Nules investiga a la entidad de cursos de formación de la patronal de Catelló por falsedad documental y fraude en subvenciones. El magistrado dispone de documentación que acredita que la sociedad de la que es consejero delegado el secretario general de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), Rafael Montero, habría gastado más de 120.000 euros sin justificarlos al Servef. Montero está imputado por las ayudas a la formación que dio a varias firmas de la Vall d'Uixó y que, según Hacienda, no habría realizado los trabajos por los que cobró. Esta nueva investigación apunta a directamente a la línea de flotación de la entidad que preside José Roca y que puede arrastrar a la autonómica Cierval, que al final es la responsable solidaria de los presuntos desmanes de sus federaciones provinciales.
Según la documentación en poder de Levante-EMV y que ya investiga la justicia, el pasado 16 de diciembre el juez instructor del caso de las ayudas de formación de la CEC reclamó al Servef toda la información relativa a las ayudas de formación del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, del que Montero es consejero delegado y Roca presidente. El departamento que dirige María José Mira, secretaria autonómica de Economía, contestó con un informe demoledor que acusa a esta entidad patronal de haber cometido delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones.
El 4 de julio de 2014 y cuando todavía estaba el PP gobernando el Consell, la Conselleria de Economía reclamó a la CEC los justificantes de unas ayudas de formación por valor de 120.987,9 euros. Tras varios meses sin recibir noticias, el 10 de octubre del mismo año inició un proceso de reintegro de las ayudas ante la imposibilidad de acreditar el dinero recibido.
El 25 de mayo de 2015 y después de que ni la CEC ni Cierval justificaran el gasto de estas ayudas, el Servef reclamó la cantidad más 20.000 euros de intereses. El 12 de agosto de 2015 Cierval presentó un recurso que acabó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia.
Mientras, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción habían denunciado a la CEC por varios delitos en los cursos de formación por un montante superior a los 600.000 euros. Esto ha propiciado una investigación en la que se imputó a Montero, a varias empresarias y a Cierval como entidad solidaria y la que debería acreditar los cursos.
«Fines diferentes»
Fue en esa investigación cuando el juez instructor solicitó el 23 de diciembre de 2015 información sobre los cursos y justificantes emitidos por el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló. Reclamó también testimonio y documentos de la entidad. Tras este requerimiento el Servef realizó un informe para el magistrado que concluye que «se deduce claramente que las facturas expedidas por el ente de la CEC y que han sido imputadas al plan formativo intersectorial han de considerarse a todas luces como falsas, por lo que los fondos entregados a la beneficiaria han sido destinados a fines distintos de aquellos para los que la subvención fue concedida».
Además, hoy por hoy y según el Servef, no existe constancia de que la CEC haya reintegrado los más de 140.000 euros de las presuntas ayudas fraudulentas y los intereses de demora.
