Un estudio firmado por tres economistas de las universidades de Harvard y Michigan, elaborado en los inicios del actual siglo, cifra en 10 billones de dólares, casi nueve billones de euros, el dinero negro depositado en refugios fiscales. El asesor fiscal Luis García Langa discrepa de la conclusión a la que llegaron los tres profesores norteamericanos, quienes sostuvieron en su estudio que buena parte del dinero negro escamoteado al fisco era reinvertido en sus países de origen destinándose en su mayor parte a la adquisición de deuda pública. García Langa opina que el porcentaje más voluminoso del dinero negro sustraído al control de la hacienda pública se queda fuera, no es retornado.
El procedimiento habitual para eludir al fisco consiste en un mero intercambio con alguien que tiene depositado su dinero en un paraíso fiscal. La operación, desarrollada bajo los auspicios de un despacho especializado en transacciones opacas, es sencillo: Puestos en contacto quien requiere de inmediato dinero en efectivo y quien busca evadirlo, se hace la permuta y asunto solventado. Langa precisa que tener depositado dinero en un paraíso fiscal no constituye una ilegalidad, al estar obligado su poseedor a efectuar la correspondiente declaración a la hacienda pública. Añade que las cantidades superiores a los 50 mil euros han de ser declaradas, en caso contrario, de acuerdo con el denominado modelo 720, está prevista una sanción del 150 por ciento de la cantidad sustraída al control del fisco. Se trata de la tildada multa confiscatoria, una normativa que para Bruselas es de dudosa legalidad, por lo que ha incoado al Reino de España el correspondiente expediente.
Los dos sistemas más utilizados para evadir impuestos son, el primero, constituir una sociedad en un paraíso fiscal, por ejemplo Panamá, aunque para España no tenga tal consideración, con acciones al portador, procedimiento que dificulta conocer quién es el poseedor de las mismas. La sociedad hoy en día puede ser creada a través de internet, con lo que los trámites se solventan en muy poco tiempo. ¿Cómo se deposita el dinero en la sociedad opaca? Si se ha obtenido fuera del país de origen, se hace directamente, en caso contrario es trasladado en efectivo, «y te la juegas», afirma García Langa, o se utilizan los servicios de un despacho especializado, que gestiona la operación con el máximo sigilo utilizado los mecanismos que posibilitan que se pierda el rastro del dinero.
Persona de confianza
La segunda alternativa consiste en echar mano de los servicios de un trust (persona de confianza) a la que se le hace entrega de la cantidad que se desea sustraer al control del fisco, con lo que se deja de ser el dueño del dinero, que desde ese momento es propiedad del titular del trust, al que se le transmite qué se desea hacer con el dinero que se ha puesto en sus manos a través de las denominada «carta de deseos», que en realidad es la orden que el verdadero dueño quiere que se ejecute. No hay constancia oficial de qué despachos profesionales se dedican a implementar tales operaciones, pero se sabe que existen. García Langa recuerda que incluso un banco, el Banco Madrid, quebró por realizar operaciones de esa naturaleza, y añade que cada vez resulta más difícil llevar a buen puerto operaciones de esas características, entre otras razones porque hay mucho dinero que se gana fuera de España, lo que hace que sea prácticamente imposible liquidar los paraísos fiscales. Si una empresa española radicada en Luxemburgo, estado miembro de la Unión Europea, paga sus tributos en la isla de Man, territorio del Reino Unido, otro estado de la Unión, las autoridades fiscales españolas ni se enteran, con lo que el control se hace imposible.
¿Para qué ha servido la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy? ¿Ha hecho aflorar el dinero negro no declarado? Luis García Langa especifica que ha permitido declararlo a Hacienda con una contraprestación ridícula: el 10 por ciento , pero no del capital repatriado, sino únicamente de los beneficios de los últimos tres años. Así y todo, a pesar de las más que favorables condiciones que se les han ofrecido a los defraudadores, de los 2.500 millones de euros que se esperaba recaudar únicamente se han obtenido 1.191 aflorando 40.000 millones de euros.
Es significativo enumerar los estados que desde 2003 han salido de la lista negra, la de los que España considera paraísos fiscales: Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino y Singapur. Las legislaciones fiscales de algunos de los citados estados son mucho más opacas que la española, lo que hace que en la práctica, a pesar de no tener la denominación oficial de paraíso fiscal, de hecho se les puede seguir considerando como tales, caso de Panamá. Así pues, aunque la normativa internacional se ha endurecido notablemente en los últimos años, el dinero de procedencia ilícita, el negro, se sigue moviendo con bastante facilidad, tratando de situarse en pequeñas jurisdicciones opacas, en las que halla seguro refugio, para lo que ni tan siquiera es preciso abrir una cuenta en un país caribeño o del Pacífico, donde abundan los que ofrecen legislaciones impermeables, sino que muchas veces es suficiente con montar una sociedad pantalla. En cuanto a las entidades financieras, hay que reseñar que los bancos siempre disponen de la identidad del titular, pero no pocas veces se camuflan detrás de las siglas de las empresas. Luis García Langa señala que una de las grandes dificultades con las que se topan las legislaciones nacionales para combatir el dinero negro consiste en la ausencia de una armonización fiscal de carácter internacional, la cual ni tan siquiera existe en el seno de la Unión Europea, donde países como Irlanda o Luxemburgo poseen normativas más laxas que la española, por lo que les es fácil captar determinadas inversiones.
Al preguntarle a un experto si es posible acabar con los paraísos fiscales, responde que sin una gran acuerdo internacional, que en la actualidad no es factible, no pueden ser eliminados, entre otras razones porque algunos estados poseen determinados territorios que, de facto, son paraísos fiscales; es el caso del Reino Unido, con las islas del canal e incluso Gibraltar o algunos de los 50 estados que forman los Estados Unidos. Además, territorios bajo soberanía británica son paraísos fiscales. Todo ello hace imposible que se impida el movimiento del dinero negro, que casi siempre, salvo que sea descubierto antes, llega a un destino seguro, en el que se pierde su rastro. Por ello lo sucedido con el despacho de abogados de Panamá ha constituido un escándalo planetario, en el que se han visto involucrados todo tipo de gente de las clases sociales acomodadas, incluso políticos de alto nivel: Entre otros el ministro español José Manuel Soria, dimitido el pasado viernes.
